El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró ayer que la situación en la ciudad autónoma sigue siendo de “máximo riesgo” y planteó que se rechace y se suspendan las peticiones de asilo que hagan los migrantes que permanecen desde finales de julio en el territorio ceutí.

Ahora bien, no hay ningún mecanismo que dé cobertura legal a esta reclamación, algo que es “incomprensible” para Vivas, y por ello exige un “cuerpo normativo” que se cree a tal efecto. Así lo trasladó ayer tras reunirse con el presidente del Senado, Pedro Rollán, que se sumó a la petición de su compañero de filas del PP.

El dirigente ceutí aprovechó para instar a las Cortes Generales a diseñar una ley que permita responder “inmediatamente” con una actuación “expeditiva” de devolución de los migrantes cuando se produzca una “invasión o vulneración de la integridad territorial” del Estado.

Rollán, por su parte, compartió las palabras del presidente de la ciudad autónoma y, en tanto que máxima autoridad de la Cámara Alta, urgió a que diputados y senadores trabajen desde ya en un “cuerpo normativo que cubra con carácter inmediato y con herramientas suficientes mientras se recupera la normalidad”. Su percepción, indicó, es que “se está cronificando la anomalía” y considera que “la normalidad no se tiene que recuperar mañana, sino hoy”.

En este contexto, el presidente del Senado recalcó que “desde el primero hasta el último de todos los que han asaltado, invadido y llegado a España sin pasar por los cauces legales deben regresar al lugar del que partieron los días 29, 30 y 31 de julio”.

La cuestión es bajo qué marco se podría hacer esta ley. Vivas reconoció que, si se enfoca esta crisis desde la perspectiva de la ley de Extranjería, las peticiones de asilo se tendrían que tramitar y que las devoluciones solo se podrán ir sustanciando a medida que se haga un expediente por cada caso. Su propuesta –y, por extensión, la del PP– es que tiene que calificarse bajo los estados de alarma, excepción o sitio.

A juicio del presidente ceutí, “no se trata de una crisis migratoria”, sino que “es, en palabras del propio presidente Sánchez, una vulneración de la integridad territorial de España”.

“La fuerza se puede emplear de muchas maneras, como con el ejercicio de las armas, pero también con una masa de personas que desborde cualquier capacidad de contención y seguridad. Cuando se dictaron las normas para los estados de alarma, excepción y sitio, no se contempló, pero ahora se ha evidenciado que mediante la utilización de la entrada masiva se puede poner en riesgo la soberanía de la nación. Estos hechos tienen que tener una respuesta legal”, complementó.

Aún sobre la suspensión de las peticiones de asilo, Vivas justificó que Ceuta “no puede ser una plataforma para facilitar la entrada al resto de España y del continente”. En caso contrario, cree, se anularía “cualquier posibilidad de de­sarrollo y de vida normal” en la ciudad.