Dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, tiene claro que «el Gobierno no ha estado a la altura» de las circunstancias y que la vuelta a la «normalidad» en la ciudad autónoma aún está lejos de producirse. El veterano dirigente del PP, con 25 años en el cargo, ha aprovechado en estos 15 días cada visita ministerial al territorio para redoblar la presión sobre Pedro Sánchez y su Ejecutivo porque «no fueron capaces», en su opinión, ni de prever la avalancha ni de fortalecer las fronteras. Y ante el temor de que la historia se repita, Vivas reclama medidas excepcionales como cambios legislativos para agilizar las expulsiones. Todo para, según explica, garantizar que la seguridad de las fronteras no dependa de terceros y con la obligación de impedir que la presión migratoria pueda ser utilizada para «vulnerar la integridad territorial de España».

Una propuesta que ha encontrado el respaldo del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien este viernes visitó la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación real que viven los ceutíes tras las escenas del miércoles, cuando varios vecinos pararon a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para trasladarle su sensación de «miedo» y «abandono». «No es normal que las familias vayan a comprar con temor, con recelo. Que cuando intenten dormir estén pendientes del móvil por si ocurre algo», señaló.

Rollán coincide en la necesidad de contemplar cambios normativos que permitan agilizar la devolución inmediata de los inmigrantes que asaltaron la playa de Ceuta. El objetivo no es otro que garantizar una respuesta rápida y contundente gracias a un marco jurídico «con garantías». La legislación española establece un procedimiento largo y complejo para decretar la expulsión de aquellas personas que permanecen en territorio nacional tras haber accedido de forma ilegal. Por eso, el dirigente del PP urgió a las Cortes Generales a que trabajen «desde ya» en una respuesta para que si vuelve a ocurrir, la reacción «sea urgente y con firmeza».

En su comparecencia junto a Vivas, el presidente del Senado llamó a recuperar la normalidad cuanto antes – «No mañana, sino hoy» – y a efectuar «un diagnóstico sereno y certero» de lo que ha pasado. Porque algo, remarcó, «ha fallado cuando han entrado personas por donde no tenían que entrar». El mismo análisis que hacen en el Gobierno ceutí, donde creen que las salidas a la situación se están enfocando «erróneamente» desde la perspectiva de la ley de extranjería a pesar de que admiten que no se puede proceder a una devolución de golpe o sin tramitar un expediente caso por caso.

Vivas volvió a poner sobre la mesa la petición que trasladó la víspera al ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, de suspender de forma «excepcional» la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta hasta que se resuelva la crisis y se pueda expulsar a los miles de migrantes que permanecen aún en sus calles. La ciudad, insistió, «no puede ser una plataforma para facilitar la entrada al resto de España y del continente».

La iniciativa ha recibido el respaldo de la dirección nacional del PP «como no podía ser de otra manera», constató el vicesecretario de Educación e Igualdad de la formación, Jaime de los Santos. En la misma línea se manifestó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y encargada de la política migratoria del partido, Alma Ezcurra, partidaria de suspender el asilo en Ceuta «hasta que se resuelva la crisis».

Frente a la propuesta de Vivas y el PP, el Gobierno insiste en que cualquier actuación debe realizarse dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales de las personas migrantes. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó la complejidad de la situación y la obligación de respetar los procedimientos establecidos. «Desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos y a los derechos fundamentales de cada una de ellas, por eso – remarcó – es tan complejo».