Vox quiere que Marruecos pague la factura de la crisis migratoria de

Ceuta. La formación de Santiago Abascal ha trasladado este jueves al Congreso una nueva ofensiva con la que pretende llevar hasta sus últimas consecuencias una tesis que lleva defendiendo desde que más de 70.000 personas atravesaron la frontera a finales de julio: España no debe asumir en solitario el coste económico de una crisis que, a juicio del partido, tuvo su origen al otro lado de la frontera.

Mientras el Gobierno ha evitado responsabilizar directamente a Rabat de la avalancha migratoria y ha puesto el foco fundamentalmente en la actuación de las mafias, Vox pretende obligarle a señalar al país vecino también en términos económicos.

Su propuesta pasa por hacer primero las cuentas y presentar después la factura.

Para ello, Vox ha registrado dos proposiciones no de ley en el Congreso en las que reclama al Ejecutivo una auditoría completa de los gastos extraordinarios provocados por la entrada masiva de inmigrantes y que, una vez determinada la cantidad,

exija su reembolso a Marruecos. La reclamación no se limitaría a los costes acumulados desde el comienzo de la crisis, sino que incorporaría todos aquellos que continúen produciéndose hasta que Ceuta recupere completamente la normalidad.

La formación quiere que el cálculo incluya prácticamente todos los recursos movilizados por el Estado

: el despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil; los dispositivos de vigilancia y protección de la frontera; las operaciones de rescate y emergencia; la asistencia sanitaria y farmacéutica; el alojamiento, manutención y atención social de los inmigrantes ; los desperfectos ocasionados en instalaciones e infraestructuras públicas y cualquier otro desembolso que pueda relacionarse «directa y objetivamente» con la crisis.

Vox intenta introducir una nueva variable en el debate sobre Marruecos. Ya no se trataría únicamente de

determinar qué responsabilidad tuvo Rabat en lo sucedido

, una cuestión sobre la que han aparecido diferencias incluso dentro del Gobierno, sino de establecer cuánto dinero ha costado a los españoles la crisis y quién debe asumir finalmente ese desembolso.

El partido de Abascal considera que España no puede hacerse cargo de las consecuencias económicas

de lo que define como una crisis de seguridad provocada por una «presión masiva» procedente de territorio marroquí. La iniciativa parlamentaria obliga, además, al Ejecutivo a enfrentarse a una pregunta políticamente incómoda: reclamar el dinero a Rabat implicaría asumir previamente algún grado de responsabilidad marroquí en los acontecimientos, precisamente el terreno que Moncloa ha tratado de evitar durante los últimos días.

La ofensiva llega, además, en un momento especialmente delicado de las relaciones bilaterales. El Gobierno ha defendido públicamente la cooperación de Marruecos mientras trata de impedir que la crisis migratoria desemboque en una ruptura diplomática. Al mismo tiempo, las declaraciones procedentes de Rabat sobre Ceuta y Melilla han vuelto a elevar la temperatura entre ambos países.

Vox abre también un frente sanitario. Ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad,

Mónica García,

para que explique ante el Congreso qué consecuencias ha tenido la llegada masiva del pasado 30 de julio sobre el Sistema Nacional de Salud. La intención es conocer el impacto asistencial y económico que ha soportado Ceuta durante unos días en los que todos los servicios públicos de la ciudad tuvieron que responder a una situación excepcional.

Pero Abascal quiere ir más allá de pasar la factura. Una tercera proposición no de ley reclama la adopción urgente de «contramedidas» frente a Marruecos y un reforzamiento de la protección de las fronteras y de la soberanía española. Vox trata así de situar la crisis no solo en el terreno migratorio, sino también en el de las relaciones entre Estados y la defensa territorial.

La formación ha registrado asimismo una pregunta parlamentaria para saber si entre las personas que atravesaron ilegalmente la frontera hubo autores de delitos contra la libertad sexual o allanamientos de morada. Vox pretende conocer cuántos episodios de este tipo se produjeron y completar con los datos de seguridad su ofensiva sobre las consecuencias de la entrada masiva.

El resultado es una estrategia que persigue elevar progresivamente el coste político de la crisis para el Gobierno. Primero fue exigir responsabilidades por la frontera. Después, cuestionar la relación con Marruecos. Ahora Vox quiere poner una cifra a las consecuencias de aquellos dos días y convertirla en una deuda pendiente con Rabat.

La batalla política sobre Ceuta empieza así a librarse también con calculadora.