Gobierno y PP coinciden en muy pocas cosas, pero una de ellas es que la solución prioritaria para los 1.898 menores no acompañados que se encuentran bajo el sistema de protección de Ceuta tras la entrada masiva a finales de julio es su repatriación familiar a Marruecos. Una solución que recoge la ley de extranjería en su artículo 35.5 y que reclaman también desde el inicio de la crisis las comunidades en las que gobiernan los populares, incluidas en las que Vox tiene sillones, así como el Gobierno vasco que pilota el peneuvista Imanol Pradales, que lleva tiempo avisando de que Euskadi, como el resto de autonomías, está al límite de su capacidad para acoger a más niños. Pero los trámites llevan su tiempo. Se requiere un expediente individualizado, la intervención de la Fiscalía y de los servicios de protección de menores; y debe garantizarse siempre el interés superior de los pequeños conforme al Derecho Internacional y la ley española. Hasta que se pueda dar traslado de ese menor pueden llegar a pasar semanas e incluso meses. Además de que no todos podrán volver a su país de origen, por lo que tendrán que ser acogidos en la Península ya que Ceuta solo dispone de 29 plazas ordinarias en su red oficial de protección.

El Ministerio de Juventud e Infancia activó hace días el modelo de reparto para trasladar a los menores hacia centros de distintas comunidades al superarse con creces la contingencia migratoria local. Una decisión que puso en alerta a los gobiernos regionales del PP, que rechazan este sistema propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez al considerarlo «injusto», «asimétrico» e «inaceptable». El principal argumento es que el sistema favorece y excluye de responsabilidades a comunidades como Cataluña o el País Vasco, al tiempo que exigen que cualquier fórmula de distribución de menores se aplique bajo los principios de solidaridad equilibrada y una planificación rigurosa con recursos financieros suficientes.

La dirección nacional del PP dejó claro la semana pasada que sus autonomías cumplirán estrictamente la ley vigente, pero esto no implica aceptar de manera pasiva el modelo asimétrico planteado por el Gobierno, por lo que los populares recurrirán a la vía judicial. Tratarán así de poner todos los palos posibles en las ruedas para paralizar o retrasar la acogida obligatoria alegando la saturación y la falta de recursos de sus servicios asistenciales. Una estrategia con la que, además, cumplirán lo acordado en los pactos de Gobierno sellados con Vox en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Esos acuerdos fijan la oposición total del Gobierno regional de turno «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».

El partido de Santiago Abascal ya ha anunciado que allá donde gobierna – en tres de la cuatro comunidades gestiona las competencias de protección a la infancia – impugnará en los tribunales cada expediente de traslado si el Gobierno central procede con la distribución territorial de los menores. La derecha radical no está dispuesta a ceder y presionará a sus socios para que cumplan a rajatabla lo pactado con una «oposición frontal». Pero descarta, no obstante, repetir la ruptura total de los gobiernos de coalición a los que acaba de reincorporarse que ya protagonizó en el verano de 2024, optando esta vez por un pacto de no agresión y la vía de los recursos legales.

En esa oposición frontal se enmarca el plantón que consumaron este jueves las comunidades donde Vox tiene las competencias de Infancia al ministerio de Sira Rego (Sumar), tras exigir a la ministra «que cumpla con la ley, paralice el reparto» y envíe de vuelta a todos los menores a Marruecos. Una cita que sirvió para enfrentar a las comunidades del PP y al Gobierno nuevamente después de que los directores generales de Infancia de los populares se negasen a incluir en el orden del día de la próxima conferencia un punto específico de información y debate sobre la situación de los menores y de Ceuta. El partido líder de la oposición insiste en que no tiene sentido sentarse a hablar sobre la atención a los niños y adolescentes afectados y sobre su reparto «cuando el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer algo tan básico como datos ciertos».

La reunión telemática tenía un perfil técnico y debía servir para preparar la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 27 de agosto. Sobre la mesa estaba la aprobación del crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a atender a los menores que llevan varados dos semanas en la ciudad autónoma, que fue aprobado por unanimidad aunque será sometido a votación en la cita de final de mes que presidirá Rego ya con los consejeros de cada comunidad.

En todo caso, la ministra propondrá de nuevo al inicio del encuentro la inclusión en el orden del día del punto acerca de la atención a los niños que permanecen en la ciudad autónoma, lo que tendrá que votarse. «Los gobierno autonómicos deben estar a la altura», reprochan en el departamento de Rego, donde recuerdan que Feijóo ha incidido durante estas dos semanas en que Ceuta es España. «Claro que lo es. Y como tal – apuntan estas mismas fuentes – , el PP podría empezar por ayudar a aliviar la situación que vive la comunidad autónoma».

El Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas insiste en que Ceuta está «peor» a cada día que pasa y clama por conseguir volver a la normalidad cuanto antes dando salida a las cerca de 10.000 personas que, según sus cálculos, todavía deambulan por sus calle. Según Save the Children, los niños pendientes de ser identificados y derivados a los servicios sociales se cifran en unos 4.000. La preocupación cunde por los menores de 16 años que, según la organización, están expuestos a riesgos de violencia, explotación, trata o captación por redes criminales.

Un desafío que también inquieta al Defensor del Pueblo a tenor de las denuncias sobre agresiones sexuales a menores que no han sido todavía acogidos en el sistema de protección. La institución de Ángel Gabilondo, que iniciará de oficio una investigación para analizar las medidas adoptadas y pendientes de adoptar por el Gobierno para dar respuesta a la crisis, se ha dirigido por carta a la Secretaría de Estado de Migraciones para solicitarle información sobre la situación en la que se encuentran las personas que permanecen en la ciudad autónoma, «muchas de ellas menores», que «pernoctan a la intemperie como consecuencia de la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la ausencia de otros espacios de acogida».