El Defensor del Pueblo iniciará de oficio una investigación para analizar las medidas adoptadas y pendientes de adoptar por el Gobierno para dar respuesta a la crisis que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio con la entrada masiva de 72.000 personas procedentes de Marruecos. La institución de Ángel Gabilondo se ha dirigido por carta a la Secretaría de Estado de Migraciones para solicitarle información sobre la situación en la que se encuentran las personas que permanecen en la ciudad autónoma, «muchas de ellas menores», que «pernoctan a la intemperie como consecuencia de la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la ausencia de otros espacios de acogida».

En la misiva, Gabilondo reproduce «algunas de las quejas recibidas por las condiciones de gran precariedad», como «carencias de agua potable, duchas, elementos de aseo e higiene, ropa limpia, atención sanitaria y alimentos». Recuerda también que muchos de los menores aún no han sido identificados y permanecen escondidos y muestra su preocupación por «el estado de las niñas que aún no han sido acogidas en el sistema de protección de menores, ya que alguna habría sido agredida sexualmente, según han publicado varios medios de comunicación». Por ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado también información a la Fiscalía General del Estado y a la delegación del Gobierno en Ceuta sobre las medidas adoptadas para proteger a estos menores.

Save the Children calcula que todavía 4.000 menores permanecen en las calles de la ciudad autónoma, durmiendo al raso, pendientes de ser identificados. Los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo cifran en 1.527 los niños y adolescentes dentro del sistema de protección. «Hay que poner todos los esfuerzos, incluso la posibilidad de modificaciones legislativas, para que los menores sean reagrupados», insistió el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras exponer que pasaron de acoger en la semana previa 180 menores a 800.