El Gobierno Vasco ha advertido este jueves al Ejecutivo central de que Euskadi “no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías” de menores llegados a Ceuta y ha reclamado que el Estado no opte como “primera opción” repartir menores, sino por “localizar a sus familias y valorar una posible reunificación”.

El director de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra, ha participado este jueves en una reunión de la comisión sectorial interautonómica, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia. De entrada, ha precisado que la comisión sectorial de infancia y adolescencia “no era para abordar un posible reparto” de menores, sino “únicamente” para aprobar y elevar a la conferencia sectorial, que se va a celebrar a finales de agosto, los 25 millones de euros para que Ceuta pueda afrontar esta situación de acogida a menores de aquí a final de año. “Nadie se ha posicionado en contra” en la votación, por lo que los 25 millones extraordinarios para la ciudad autónoma de Ceuta se han aprobado por “unanimidad”, ha señalado.

Txema Ezkerra ha reiterado que Euskadi entiende “la situación excepcional que vive Ceuta” y es partidaria de que disponga de los recursos necesarios para afrontarla. En cualquier caso, el Gobierno Vasco, a través de Ezkerra y de la propia consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, han fijado este jueves la posición del Ejecutivo de Vitoria en relación al reparto de menores migrantes.

En un artículo publicado este jueves en este diario, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha advertido al Ejecutivo central de que el Gobierno Vasco «no aceptará más derivaciones de menores impuestas y sin garantías», los mismos términos empleados por Ezkerra en su comparecencia tras participar en la reunión telemática convocada por el ministerio. «La primera obligación del Estado no es repartir menores, sino agotar las vías para que puedan volver con sus familias cuando existan las condiciones necesarias para hacerlo», ha afirmado la consejera en su columna en este diario. «Antes de plantear cualquier derivación, debe acreditarse que se han agotado realmente todas las vías para localizar a sus familias, comprobar su situación y valorar una posible reunificación cuando ésta sea posible y responda al interés y la realidad de cada niño desde su singularidad», ha señalado Melgosa.

Según ha trasladado Ezquerra, la solución no puede ser que Euskadi acepte derivaciones de menores impuestas, ni tampoco trasladar a los menores de “un territorio a otro”. “La primera obligación del Estado no es repartir menores. La primera obligación del Estado es proteger a los y a las menores”, ha manifestado en una atención a los medios desde la sede del Gobierno Vasco en Vitoria. “Euskadi ha sido, es y va a seguir siendo solidaria, pero no podemos confundir la solidaridad con no planificación, con no acuerdo y con no respeto competencial. Solidaridad sí, pero con estas premisas”, ha advertido. Y ha señalado que el sistema de protección en Euskadi trabaja “por encima de su capacidad”. “Absoluta claridad, ni decisiones unilaterales ni hechos consumados”, ha reclamado. “Hay que proteger antes que repartir”, ha reiterado.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha reclamado también este jueves al Gobierno central que intente «agotar todos los medios para conseguir la reagrupación con sus familiares» de los menores que han llegado a Ceuta desde Marruecos y ha advertido de que, «hasta que eso no se consiga», las instituciones vascas no van a «empezar a hablar de repartos». Asimismo, ha avisado de que los recursos de Bizkaia están «muy por encima de sus posibilidades» ya que acogen a 584 personas y «su capacidad ordinaria es de 345». Etxanobe ha hecho estas declaraciones horas antes de la reunión que ha convocado el Ejecutivo central con los ejecutivos autonómicos de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia.

En este sentido, Etxanobe ha lamentado en Radio Euskadi que se está «normalizando» la situación de «crisis continuas» y que «no se tomen medidas suficientes» por parte del Gobierno de España, mientras comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox «se jactan públicamente de no querer acoger y no crear plazas».

Esta situación, ha denunciado, «está ocasionando ya durante un largo tiempo una saturación» en el sistema de acogida de personas menores migrantes no acompañantes que llegan a Bizkaia.

A su entender, se necesita que el Estado «habilite mecanismos coercitivos para aquellas comunidades que no cumplen con sus obligaciones». «Si todos todos cumpliéramos nuestras obligaciones, desde luego, Bizkaia, y otras regiones tampoco, no estarían en la situación de tensionamiento que llevamos ya muchísimo tiempo, demasiado, soportando», ha remarcado.