«La silla está vacía y eso es injustificable». La comisión de Interior del Senado en la que el ministro Fernando Grande – Marlaska estaba convocado este miércoles para ofrecer explicaciones sobre la crisis de Ceuta siguió adelante a pesar del plantón. Un acto de «desobediencia deliberado e inexcusable», a ojos del presidente del grupo de trabajo, Fernando Martínez – Maíllo, que tendrá «las debidas consecuencias». El senador del PP anunció la intención de la Cámara de adoptar «las medidas políticas y legales que sean necesarias» y recordó a Marlaska que acudir al llamamiento del Senado «es una obligación constitucional» como recogen los artículos 66 y 110 de la Carta Magna.

Maíllo remarcó ante los parlamentarios de su partido, de Vox y de Junts – el resto de grupos se ausentaron de la cita – que el Gobierno y el ministro deben respetar «la labor de control parlamentario de ambas cámaras», sin dar prioridad al Congreso por delante del Senado. «Que se celebren comparecencias a finales de agosto en el Congreso no impide que se puedan realizar antes en el Senado. Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude», reprochó.

A seis kilómetro de distancia y casi a la misma hora que finalizaba la comisión, Marlaska se desplazaba a la sede de Protección Civil y Emergencias en Madrid para dirigir el dispositivo desplegado para el eclipse de sol. «Las circunstancias de la ausencia son obvias», dijo ante los periodistas. El titular de Interior aseguró que «no hay voluntad de incumplimiento, sino de seguir cumplimiento nuestras responsabilidades como Ejecutivo y hacia el Parlamento». Fuentes parlamentarias sostienen que esa contestación formal nunca llegó a producirse. A diferencia de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien sí rechazó por escrito la fecha que se le proponía y pidió que se buscara otra. «Enésimo numerito del PP en el Senado, intentando imponer lo que no pueden imponer», censuró, por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El PP activó la semana pasada una ofensiva en la Cámara alta, donde goza de mayoría absoluta y, por tanto, maneja el control de los tiempos, para sentar en sus respectivas comisiones a Marlaska, Robles y Albares y forzar explicaciones sobre la crisis que vive la ciudad autónoma. El Gobierno contraatacó registrando las comparecencias de los ministros en el Congreso a petición propia y con más tiempo de por medio, a partir del próximo día 25. Desde entonces, se ha vivido un tira y afloja continuó, con cartas cruzadas entre el presidente de la Cámara alta y los diferentes ministros, además del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y amenazas con medidas en caso de incumplimiento. 

Los populares han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos y estudian activar un nuevo conflicto de atribuciones. El Senado ha acudido en esta legislatura hasta una docena de veces al Tribunal Constitucional. A principios de año, lo hizo por última vez después de que Pedro Sánchez se negase a comparecer por la tragedia ferroviaria de Adamuz y enviase en su lugar al ministro de Transportes, Óscar Puente. Los de Feijóo no descartan tampoco acudir al Supremo.

En el primer partido de la oposición entienden que los ministros están obligados a acudir al Senado cuando son citados. Pueden solicitar un cambio de fecha por motivos de agenda, como, arguyen, hizo Margarita Robles. Los populares confirmaron este martes la presencia en la comisión de Defensa de la ministra para el próximo 18 de agosto, descolgándose de la línea marcada por Moncloa tras cerrar la fecha con el Ministerio. El Gobierno no quiso confirmar la comparecencia, aduciendo que «daría respuesta» a dicha petición a lo largo del día de hoy, sin que de momento lo haya hecho, dejando entrever que Robles pudo actuar por su cuenta y riesgo. Defienden que sus miembros rendirán cuentas, pero cuando sus respectivas agendas lo permitan y prioritariamente ante la Cámara Baja. «Esta dramática situación no admite esperar a finales de mes», replican en el PP.

Vox, por su parte, ya ha anunciado que promoverá la quinta reprobación de Marlaska y solicitará que la Cámara alta le dirija un apercibimiento por desobediencia. «Este desprecio es un paso más hacia esa situación que Vox lleva denunciando desde hace mucho tiempo, los deseos del señor Sánchez de convertirse en un autócrata», criticó el senador de la formación ultraderechista, Ángel Pelayo Gordillo.

Por su parte, el portavoz de Junts, Eduard Pujol, censuró que el ministro ignore una convocatoria relacionada con unos hechos «muy graves» y volver a exigir al Gobierno central la transferencia de competencias a Cataluña en materia de inmigración. El dirigente posconvergente aprovechó también su intervención para descargar contra los dos primeros partidos por «el circo» que tienen montado a cuenta de la crisis en Ceuta.