El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue el enviado este martes a Ceuta en esa estrategia de que desfilen por allí miembros del Gobierno para ver si los ceutíes se olvidan de que el presidente Pedro Sánchez continúa haciendo submarinismo en aguas de Lanzarote. Se supone que la siguiente es Margarita Robles, que previsiblemente aprovechará de nuevo la ocasión para desmarcarse del Gobierno del que forma parte, que es lo mejor que sabe hacer desde que Pedro Sánchez la nombró. Lo suyo, como sucede con los ministros de Sumar, sería que dimitiese si no comparte las directrices de quien preside, pero ya sabemos que entre quienes reciben carteras ministeriales se produce el extraño fenómeno de no saber conjugar el verbo ‘dimitir’.

Pero volvamos a Albares. Dice que todos los que entraron por la frontera entre Ceuta y Marruecos en las 48 horas de descontrol absoluto, serán devueltos. Cabe preguntarse entonces por qué no se ha hecho ya. O quizás cabe preguntarle al ministro si se le ha olvidado que en España hay una legislación que regula esos procesos y que, por suerte para los migrantes, es muy garantista con sus derechos.
En el caso de los menores, es un disparate la afirmación del ministro. Podremos discrepar de los efectos prácticos de la normativa, pero los menores quedan bajo la tutela de las administraciones públicas españolas desde el minuto uno de su entrada en nuestro país si vienen sin compañía. Y para devolverlos hace falta algo más que ponerlos en la verja y esperar a que aparezcan sus padres al otro lado. Porque el menor tiene derecho a ser escuchado y seguramente nos vamos a encontrar con muchos que dirán que prefieren quedarse en nuestro país, como también habrá familias que confirmarán que dan por buena esa situación, pues las expectativas de una vida mejor en su país son bastante reducidas. Le guste o le disguste a Albares, y lo mismo cabe decir de las comunidades donde el PP cogobierna con Vox, hay menores que no serán devueltos y que, con la ley en la mano, tienen que ser redistribuidos por la España peninsular. Si alguien quiere hacer otra cosa, que incumpla la ley y se atenga a las consecuencias, porque vulnerar el derecho de un menor no debe salirle gratis a nadie, o que cambie la normativa, pero para eso también hay un procedimiento reglado y unos tiempos.

Si lo que Albares pretende son devoluciones ‘en caliente’, pues no tiene más que releer la sentencia del Supremo cuando se trata de personas que han entrado a nado. De manera que menos declaraciones vacías de contenido real y más trabajar en serio para resolver siempre con la ley en la mano el problema y garantizar que no se repita.