El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos ha acusado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas de presuntamente agredir «cuando no había cámaras» a los inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma desde el país vecino el pasado 30 de julio.

En un informe publicado el pasado 6 de agosto, recogido por ABC, el organismo dependiente del Gobierno de Rabat, asegura que los agentes y soldados españoles desplegados en la ciudad autónoma, presumiblemente, habrían llevado a acabo malos tratos sobre los extranjeros que entraron, y que durante más de un día estuvieron deambulando por las calles de Ceuta. «El equipo de monitoreo recogió múltiples testimonios concordantes sobre malos tratos y agresiones físicas presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad españolas cuando no hay cámaras», reza el informe publicado en su web.
La entidad asegura que el grupo de seguimiento de la crisis mantuvo conversaciones con diversas personas afectadas que habían regresado a Marruecos, y «constató la presencia de golpes y diversas marcas en el cuerpo de algunos jóvenes», presuntamente consecuencia de la violencia efectuada por los agentes españoles y por grupos extremistas presentes en la ciudad, certificando así «vulneraciones de la integridad física» de las personas que intentaban cruzar la línea que separa ambos países. Unos hechos que también atribuye a las actuaciones de las autoridades del reino alauí.

«Los equipos de monitoreo constataron lesiones y contusiones visibles en algunos de los jóvenes que regresaban. Algunos presentaban dificultades para caminar, posiblemente relacionadas con presuntas agresiones, el agotamiento y el sobreesfuerzo físico», se lee en el docuemento.
Sobre los grupos violentos mencionados, les señala por haber cometido «diversas formas de abuso, insultos, agresiones físicas y estigmatización» sobre los inmigrantes. Situaciones que el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí responsabiliza a las autoridades españolas ante la «falta de asistencia y protección adecuada» para paliar las agresiones y ataques de «carácter racista y xenófobo» llevadas a cabo por estos colectivos.

No obstante, las críticas a las fuerzas de seguridad españolas no se quedan ahí. El organismo también les señala por «intervenir y desalojar» en restaurantes y locales de la ciudad que se habían ofrecido a «prestar asistencia» a los extranjeros que deambulaban por las calles buscando víveres sin saber a donde ir pasadas horas desde su entrada. Sobre tal circunstancia también señala al Gobierno de la Ciudad Autónoma.
El CNDH culpabiliza a este de «ordenar» a los locales de la ciudad —«restaurantes, cafés y establecimientos comerciales»— cerrar ante la entrada masiva de inmigrantes y, a la postre, no dar la «asistencia necesaria» a las decenas de miles de extranjeros que se colaron de forma ilegal.

En ese sentido acusa a la administración local de no dar ayuda a personas «vulnerables» y de impedir que estas accedieran a víveres. «Esta medida impidió que las personas afectadas pudieran adquirir alimentos y agua y las expuso a situaciones de hambre y deshidratación. Entre ellas se encontraban niños, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Algunas necesitaron asistencia médica», critica el organismo.

Grupos de difusión formados por 1 millón de personas
El informe de nueve páginas no solo analiza el comportamiento de las fuerzas de seguridad españolas y del gobierno de la ciudad autónoma durante la crisis. El organismo subordinado a Rabat también aborda las causas que antecedieron y provocaron la entrada de unos 72.000 extranjeros en Ceuta. En esa línea, atribuye la entrada masiva a la desinformación difundida en redes sociales a partir del fallo del Tribunal Supremo que impide la ‘devolución en caliente’ de los inmigrantes que entren a nado.

El escrito aporta datos sobre esos mensajes de difusión, y asegura que en su investigación identificó 23 grupos que reunían en conjunto «a más de un millón de miembros» dentro de ellos. Los grupos analizados enviaban una media superior a 1.400 publicaciones diarias, dice, e informa que el día de los hechos, el 30 de julio, cinco de los principales grupos que avivaban a intentar entrar ilegalmente en España fueron cerrados.

En su análisis, el organismo apunta que la noche antes de la entrada los grupos alertaban que «la frontera estaba abierta»

Asimismo, apunta a que la idea que se trasladaba en los grupos era la de que «las personas que alcanzaran Ceuta o Melilla a nado ya no podrían ser objeto de devolución». La premisa, además, iba acompañada de datos sobre las rutas, los puntos de concentración, la preparación para el cruce a nado y la coordinación de los cruces colectivos, dice el CNDH en el documento. Con todo, concreta que las noches del 29 y 30 de julio circularon «ampliamente» los mensajes de «la frontera esta abierta». Una afirmación que provocó que «numerosos grupos de jóvenes, menores y familias» se desplazaran hacia Castillejos, frente a la frontera con Ceuta.

La valoración que este organismo ha realizado sobre lo acaecido en Ceuta no difiere en responsabilidad del informe publicado en julio 2022 tras la muerte de 23 extranjeros en Melilla. En ese informe, el organismo subordinado a Rabat responsabilizó al Gobierno de España de no asistir ni auxiliar a los extranjeros fallecidos y, su presidenta, Amina Bouayach, todavía vigente y elegida por el rey Mohamed VI, critico a la Guardia Civil de «impedir» la muerte de la veintena de inmigrantes.