Corría el otoño de

2019

cuando una interna del

Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)

de Ceuta empezó a recibir mensajes y atenciones especiales de uno de los trabajadores sociales del centro.

Lo que parecía un acercamiento personal escondía un grave caso de

abuso de autoridad

que acabó con una

exigencia explícita

de sexo a cambio de facilitar el traslado a la

Península. La resolución judicial

SJSO 5941/2021, del 11 de octubre de ese mismo año,

recoge al detalle los hechos de un episodio que la justicia tardó años en resolver.

El espejismo del “pase” a la Península

El empleado público, vinculado al

CETI

como

personal laboral fijo

desde 2010, se movía en un entorno de máxima vulnerabilidad. Entre los residentes se había extendido la falsa creencia de que era él quien decidía sobre los

“laisser – passer”

, los documentos para cruzar el Estrecho. Él no la desmintió. En sus encuentros con la mujer, le repetía que podía

ayudarla

y que pensara en su hija, mientras la abrazaba e intentaba besarla. La víctima, que residía sola con la menor, no se atrevía a

rechazarlo

abiertamente por miedo a perder su única esperanza de

regularización.

El 30 de octubre de 2019, la situación se volvió

insostenible. El hombre le comunicó que, al regresar de un viaje a Madrid, deberían mantener relaciones sexuales sin importar su voluntad. Le reprochó el tiempo y el dinero gastado, con frases como

“te pensabas que el abrigo era gratis”,

en alusión a la ropa que le había comprado a ella y a su hija.

Alertadas por el cambio de actitud de la interna, tres trabajadoras sociales del centro la

entrevistaron

ese mismo día. Entre lágrimas, la mujer relató el calvario. Las profesionales, que hablaban árabe con fluidez, confirmaron su testimonio y dieron la voz de alarma.

Juicio

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La justicia sentencia: “No estaban en un plano de igualdad”

Tras un proceso penal que quedó archivado, el

Ministerio de Inclusión

ejecutó el despido disciplinario en junio de 2020. El trabajador recurrió, pero en octubre de 2021 el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta declaró su cese

procedente.

La magistrada consideró probado el acoso sexual sin ningún género de duda. En el fallo, subrayó el brutal desequilibrio de poder:

“Nos encontramos con dos personas que no se encuentran en un plano de igualdad”

, recogió la sentencia. La jueza destacó que la víctima, que declaró cuando ya vivía en la Península y había regularizado su situación, no buscaba un beneficio personal con su denuncia.