El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llegó este martes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que vive la ciudad autónoma y su población, 12 días después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes procedente de Marruecos. En la primera visita oficial al enclave africano del jefe de la diplomacia española, éste se mostró contundente y aseguró que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos», pero sin concretar los plazos en los que se producirán las devoluciones. «Evidentemente, hay sentencias judiciales y está la legislación española, pero la voluntad es que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible. Que todos los menores regresen lo antes posible», aseveró tras reunirse con el presidente Juan Jesús Vivas.

Lejos de verter cualquier crítica hacia Rabat, Albares cerró filas con el país vecino, ensalzó la colaboración durante la crisis y presumió de nuevo, en nombre del Ejecutivo, del «diálogo fluido» y constante que existe entre los dos gobiernos para «combatir este tipo de situaciones» y evitar que «puedan volver a ocurrir». Prueba de ello, dijo, son sus conversaciones «todos los días» por teléfono con su homólogo marroquí Nasser Bourita, incluso más de una vez; y ese trabajo diplomático, apreció, «es de gran valor». Aseguró también que el reino alauí mostró desde el «primer momento» su voluntad de colaboración y eso permitió el regreso de «miles de personas» en unas pocas horas. El Gobierno sostiene que 80.000 ciudadanos magrebíes entraron de forma irregular en España a través de la frontera de El Tarajal y que 70.000 abandonaron la ciudad en los cinco días posteriores para regresar al país vecino.

A pesar de que el Gobierno de Vivas asegura que todavía hay hasta 11.000 inmigrantes deambulando por sus calles y ha pedido su confinamiento hasta que se culminen los expedientes de expulsión, Albares insiste en que el papel de Marruecos es clave. «La voluntad del país receptor – remarcó – está ahí». Se comprometió también a «acelerar» el retorno de los inmigrantes que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio, incluidos los 1.527 menores filiados por el momento, aunque la repatriación para estos no es tan sencillo. La legislación española obliga a estudiar individualmente la situación de cada niño y a resolver su expediente siempre conforme a su interés superior.

Ante el temor de otra avalancha masiva en Ceuta este sábado, como circula en redes sociales, Albares aprovechó su presencia en el territorio para lanzar también un aviso a «todos aquellos que en este momento en Marruecos o en cualquier punto de África estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que falsamente pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla». Les pidió que «no arriesguen sus vidas, su dinero y su futuro en una aventura abocada al fracaso» porque quien entre irregularmente en España «que sepa que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar la Península ni el continente europeo ni quedarse indefinidamente» en ninguna de las dos ciudades autónomas.

El ministro de Exteriores aseguró que su departamento trabajo para acelerar las devoluciones «en tiempo récord» y vinculó la avalancha de finales de julio con campañas deliberadas en redes sociales manipulando la reciente sentencia del Tribunal Supremo que veta las devoluciones ‘en caliente’ de los migrantes que entran a nado o por vía marítima a Ceuta y Melilla. «La desinformación en las redes ha sido el detonante al deformar el texto del Supremo y el vehículo que condujo – denunció – a miles de personas a entrar con noticias falsas».

Albares calificó este martes la frontera de Ceuta como «la más compleja de España y de Europa» y aseguró que «la integridad del espacio Schengen está totalmente garantizada» en territorio ceutí y también en Melilla. En plenas tensiones diplomáticas con Italia, con controles fronterizos a los viajeros procedentes del país transalpino en reciprocidad al castigo de Giorgia Meloni, el jefe de la diplomacia española no rebajó el tono y cargó nuevamente contra la «internacional reaccionaria» por haberse coordinado para «explotar la situación en provecho propio, partidista e ideológico». Censuró que el Gobierno de Meloni no haya trasladado la «solidaridad y apoyo», como, según señaló, ha hecho «la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea» y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad dentro y fuera de España: «Nadie ha salido de la ciudad hacia la Península, ni puede hacerlo». Lo demás, dijo, «son bulos».