El Gobierno Vasco participará este jueves en la reunión sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para abordar la crisis sobre los menores migrantes de Ceuta. La posición del Ejecutivo de Vitoria la marcó días atrás la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa: voluntad de colaborar con el Gobierno central pero con condiciones. En este asunto, ninguna autonomía enseña todas las cartas.

El Gobierno Vasco no cierra la puerta a acoger más jóvenes migrantes, pide que se acuerde «cualquier derivación» a las administraciones, advierte de que «trabaja por encima de su capacidad» y reclama al Gobierno que antes de abordar un nuevo reparto de menores «agote todas las vías» para que los migrantes puedan regresar a casa y vuelvan con sus familias, una petición que han trasladado también los ejecutivos del PP. «La primera obligación del Estado no es repartir menores; es ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y por lo tanto agotar las vías para que vuelvan con sus familias», afirmó hace una semana Melgosa.

La consejera vasca no estará presente en la cita, que se celebrará por videoconferencia. Lo hará en representación del Ejecutivo autonómico el director de Infancia, Gorka Oraá. La reunión, que estará presidida por la ministra, es una «comisión técnica», aducen fuentes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para justificar el perfil bajo del Gobierno Vasco en el encuentro.

La cita llega en pleno pulso entre el Gobierno y las comunidades del PP, que son la mayoría. Pero en este caso los populares no tendrán una posición unánime. Las autonomías en manos del PP que gobiernan en solitario, como es el caso de Galicia, participarán en la cita. Las comunidades en las que los populares comparten ejecutivo con Vox y en los que las áreas de juventud e infancia están en manos de la extrema derecha, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, amenazan con dar plantón a la ministra.

En esta partida, cada formación trata de marcar perfil propio, en un asunto como es el de la migración que cada vez es más sensible por la utilización electoral que hacen los populismos y la extrema derecha. En el último reparto decretado por el Gobierno, para unos 4.000 menores migrantes procedentes de Canarias, Cataluña y el País Vasco quedaron exentos. Y es que hace un año, cuando el Ejecutivo aprobó el decreto, ya superaban las cuotas de acogida que les correspondían de acuerdo a los criterios fijados por la administración.

Desde el Partido Popular se acusó al Gobierno de Sánchez de querer favorecer a los nacionalistas vascos y catalanes, sus socios en el Congreso. Hace un año eran 4.000 menores. Ahora son en torno a 1.500, según las cifras facilitadas por el Gobierno.

Melgosa abogó días atrás por la cooperación entre administraciones y dijo que debe sustentarse en la lealtad institucional, la planificación y el respeto a las competencias de cada uno. Advirtió de que rechazará la posibilidad de que se adopten decisiones unilaterales o hechos consumados por parte del Gobierno central y avisó al Ejecutivo que cualquier traslado de menores siempre debe acordarse con el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, responsables de ejercer su tutela. Estos repartos, dijo, deben realizarse con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales necesarias para una atención adecuada a los menores.