Rabat lleva ahora la guerra híbrida contra España a la batalla por el relato de la crisis migratoria de Ceuta. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH), una supuesta organización humanitaria independiente pero que en realidad está férreamente controlada por el régimen del país vecino, ha difundido un informe preliminar que atribuye a policías, guardias civiles y militares españoles malos tratos y agresiones físicas contra algunos de los inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Lo hace a partir de testimonios recogidos en Marruecos, sin aportar una sola imagen que muestre a agentes españoles golpeando a los recién llegados.

El documento, redactado originalmente en árabe y al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que varios retornados relataron agresiones cometidas por miembros de las fuerzas españolas, sobre todo en lugares «donde no graban las cámaras». El CNDH asegura haber observado golpes, contusiones y marcas en el cuerpo de algunos jóvenes después de su regreso. Esas lesiones, admite el propio texto, también podían estar relacionadas con el agotamiento, el sobreesfuerzo físico o las circunstancias de una travesía a nado que dejó más de 80 muertos en el lado español.

Hasta este martes no ha trascendido en España ninguna grabación que muestre a policías nacionales, guardias civiles o militares maltratando a los inmigrantes . El CNDH tampoco identifica a los agentes supuestamente implicados, ni precisa dónde se habrían producido las agresiones ni acompaña los testimonios con informes médicos que permitan fijar el origen de las lesiones.

La cautela desaparece, en cambio, en las conclusiones. El consejo habla de «vulneraciones de la integridad física» atribuidas a las autoridades españolas y acusa a Ceuta de haber dejado durante dos días a miles de personas sin agua ni alimentos por el cierre de restaurantes, cafeterías y comercios. También denuncia obstáculos para acceder al asilo, devoluciones sin garantías y falta de protección frente a grupos radicales que persiguieron y agredieron a jóvenes en las calles.

El señalamiento más grave aparece al final del documento. El CNDH asegura haber recogido «acusaciones múltiples y coincidentes de malos tratos y agresiones a manos de las fuerzas públicas españolas». También sostiene que las autoridades de ambos países causaron daños a la integridad física de los inmigrantes , aunque no cuantifica los casos atribuidos a España, identifica a los cuerpos supuestamente responsables ni ofrece partes médicos o testimonios individualizados.

El informe carga además contra las autoridades ceutíes por lo sucedido durante las primeras cuarenta y ocho horas. Afirma que miles de personas fueron «sometidas al hambre y la sed» al impedírseles comprar agua y comida. El Consejo asegura incluso que agentes españoles sacaron de restaurantes a jóvenes que estaban recibiendo ayuda, pero tampoco aporta imágenes, identifica los establecimientos ni concreta cuándo y dónde se produjeron esas actuaciones.

Sí existen vídeos de esos altercados con civiles y activistas extremistas. Son distintos de las supuestas agresiones policiales. El propio Consejo reconoce además que una imagen viral relacionada con uno de los incidentes fue modificada mediante inteligencia artificial. Otra fotografía utilizada para demostrar las lesiones de la misma persona pertenecía a un contexto diferente. El informe, redactado en árabe, se refiere reiteradamente a la ciudad como «Ceuta ocupada».

El envoltorio humanitario del organismo también exige una explicación. El CNDH carece de la naturaleza de una ONG. Es una institución constitucional marroquí, con personalidad jurídica de derecho público, que formalmente tiene reconocida independencia administrativa y financiera. Su vinculación orgánica con el poder real aparece detallada en la Ley 76 – 15, que regula su funcionamiento.

Mohamed VI designa mediante dahir, decreto real, a la presidenta del Consejo y nombra directamente a nueve de sus 27 consejeros. Otros ocho son elegidos por el jefe del Gobierno y ocho por las dos cámaras del Parlamento. El secretario general y los presidentes de las comisiones regionales también reciben el nombramiento mediante decreto del monarca. Los informes anuales se someten a la «alta apreciación» del rey, mientras el presupuesto se prepara de acuerdo con el departamento gubernamental de Finanzas y recibe consignaciones de las cuentas generales del Estado.

La actual presidenta, Amina Bouayach, fue nombrada por Mohamed VI el 6 de diciembre de 2018. Hasta entonces había sido embajadora del rey en Suecia y Letonia. Su trayectoria incluye responsabilidades en organizaciones civiles de derechos humanos y, desde marzo de 2025, preside la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El perfil oficial del CNDH subraya tanto su nombramiento real como sus anteriores funciones diplomáticas.

El organismo comenzó a vigilar la crisis un día antes del asalto. Bouayach creó el 29 de julio un mecanismo especial formado por tres comisiones regionales, la Dirección de Protección y la Dirección de Comunicación y Espacio Digital. Sus equipos fueron enviados a Beni Ansar, Castillejos y las zonas próximas a Ceuta y Melilla.

Ese seguimiento aporta uno de los datos más relevantes del documento. El CNDH localizó 23 grupos digitales con más de 1,08 millones de miembros y una actividad superior a las 1.400 publicaciones diarias. Cinco de las principales comunidades fueron cerradas el mismo 30 de julio. En ellas se vendían chalecos, aletas y material de natación, se difundían rutas, horarios y puntos de concentración y se coordinaban desplazamientos mediante WhatsApp y Telegram.

El Consejo detectó además «cuentas extranjeras» dedicadas a difundir noticias falsas y a facilitar los cruces. Uno de los grupos eliminó todos los teléfonos con el prefijo de un país que el informe evita identificar. En otra comunidad aparecieron al menos 18 números del mismo Estado extranjero. El documento tampoco aclara quién administraba los grupos, quién financió su actividad o qué relación existía entre las campañas digitales y la sorprendente ausencia de controles durante las primeras horas de la avalancha.

Las cifras de fallecidos siguen reflejando la misma batalla por el relato emprendida por Rabat. El Ministerio del Interior marroquí admitió inicialmente 11 muertes. El CNDH elevó después el balance a 14 fallecidos en territorio marroquí, entre ellos dos extranjeros, con datos cerrados el 6 de agosto, y reconoció que todavía había cuerpos pendientes de identificación en los depósitos forenses. España ha contabilizado más de 80 muertos en su lado. El recuento marroquí continúa abierto y ofrece todavía cifras parciales de la avalancha que entre el 29 y el 30 de julio provocó la entrada de más de 72.000 personas en Ceuta.