Diez días después de que la entrada masiva de personas a Ceuta se saldara con decenas de muertos a ambos lados de la frontera, los Gobiernos de Italia y Dinamarca han explotado la tragedia humana para alimentar su agenda migratoria. Las primeras ministras Giorgia Meloni y Mette Frederiksen han firmado este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan «la inmigración descontrolada» y reclaman a la Unión Europea que acelere la creación de centros de repatriación en terceros países.

«No aceptamos inmigración descontrolada hacia Europa», señala el texto en el que remarcaron que sus ejecutivos llevan tiempo promoviendo una «política de inmigración estricta». Meloni encuentra así una aliada en pleno pulso con Madrid, después de que Italia reintrodujera el 1 de agosto controles fronterizos con el Estado español y Pedro Sánchez respondiera con la misma medida. Frederiksen, socialdemócrata y defensora del modelo de bienestar escandinavo, suscribe en cambio los postulados de la extrema derecha en materia migratoria.

Ambas jefas de Gobierno sostienen que «nadie puede negar los impactos negativos de la inmigración ilegal», a la que atribuyen un aumento de la criminalidad y de la violencia sexual que los estudios criminológicos europeos no respaldan.

Reivindican además el «patrimonio cultural cristiano de Europa» y piden que quienes lleguen respeten unos «valores comunes». Una apelación que choca con el propio proyecto europeo, levantado supuestamente sobre la laicidad y los derechos universales más que sobre una raíz religiosa que los tratados de la propia UE descartaron mencionar.

Modelo Albania

Meloni y Frederiksen aseguran que la ciudadanía espera «acciones concretas», y por tanto reclamaron la creación de «centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa».

La petición se enmarca, por tanto, en el endurecimiento de la política migratoria europea. En junio entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que eleva a doctrina comunitaria la política restrictiva que defienden Meloni y Frederiksen.

A ello se suma el Reglamento de Retornos, aprobado por el Parlamento Europeo ese mismo mes y pendiente de su adopción formal por el Consejo, que habilitará el envío de personas expulsadas a centros en terceros países con los que no tienen ningún vínculo. Se ha filtrado incluso una lista de doce Estados con los que hay conversaciones, entre ellos Ruanda, Libia, Egipto o Túnez.

En este sentido, Meloni quiere declararse pionera de esta fórmula antimigratoria. Fue ella quien primero llevó ese modelo a la práctica con los dos centros que Italia abrió en Albania. Pero su experimento ha resultado un fracaso y ha sido frenado una y otra vez por los tribunales.

Concebido para tramitar hasta 3.000 solicitudes, el complejo de Gjadër ha funcionado casi bajo mínimos y cuesta 138 millones de euros al año, según el Gobierno italiano. Pese a su fracaso, lo que Meloni ensayó en Albania quedará superado por los nuevos centros que la UE permitirá fuera de su territorio.

El endurecimiento del discurso de la primera ministra italiana tiene también una lectura interna. A un año de las elecciones, Meloni afronta la competencia de Roberto Vannacci, exgeneral y eurodiputado que en febrero rompió con la Liga de Salvini para fundar Futuro Nazionale, una formación aún más a la derecha.

Vannacci ha hecho de la «remigración», la expulsión de inmigrantes e incluso de extranjeros con papeles, su bandera, y presiona a Meloni por ese flanco. De ahí que esta busque reafirmarse como estandarte de la deportación.