La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado en Gran Canaria una red dedicada a captar a menores inmigrantes tuteladas por el Gobierno canario, facilitarles documentación falsa para que pudieran abandonar las islas y trasladarlas posteriormente a la Península y Francia, donde algunas eran explotadas sexualmente. La operación se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos una menor que presuntamente captaba a otras chicas desde el interior de un centro de acogida.

La Operación Jabany culminó el pasado 29 de julio con cinco registros en distintos puntos de Gran Canaria. La Guardia Civil ha localizado a dos víctimas y ha logrado impedir la salida de otras cuatro menores que pretendían abandonar Canarias siguiendo el mismo procedimiento pese a estar bajo la tutela de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo insular. Los investigadores tratan además de determinar qué ocurrió con otra decena de chicas que durante los últimos años escaparon del mismo centro y si también pudieron caer en manos de la organización.
La investigación comenzó después de que una menor subsahariana consiguiera regresar a España desde Francia y denunciara que había sido engañada con una falsa oferta de trabajo y posteriormente explotada sexualmente.

Los investigadores tratan de averiguar si otra decena de menores que huyeron del mismo centro cayó también en manos de la organización

La joven se había escapado a finales de noviembre de 2024 del centro de acogida de menores migrantes de Firgas, en Gran Canaria, convencida por otra interna. Una vez fuera, un hombre le facilitó un pasaporte falso en el que aparecía como mayor de edad y un billete de avión para viajar a la Península.

El objetivo que le habían ofrecido era continuar posteriormente hasta París, donde supuestamente encontraría un empleo que le permitiría mandar dinero a su familia en África. La menor terminó, sin embargo, en un piso de la capital francesa donde fue explotada sexualmente y no podía salir.

En febrero de 2025 consiguió escapar, viajó en autobús hasta Bilbao y se puso en contacto con una de las educadoras del centro de Firgas. Su declaración, actualmente como testigo protegido, permitió abrir unas pesquisas que llevaron a los agentes hasta otros casos con características similares.

La Guardia Civil comprobó que la organización buscaba a menores especialmente vulnerables. Eran chicas de origen subsahariano, sin arraigo familiar en España, con dificultades para hablar castellano y con la intención de abandonar Canarias para trabajar en la Península o en otros países europeos y enviar dinero a sus familias.

La red aprovechaba esas circunstancias para convencerlas de que escaparan de los centros. Una menor que colaboraba presuntamente con la organización se encargaba de localizar a las posibles víctimas y ponerlas en contacto con el resto de integrantes.

Después les solicitaban fotografías de carné para conseguir documentación falsa o perteneciente a terceras personas en la que las menores figuraban como adultas. La organización también gestionaba la compra de los billetes y los contactos necesarios para continuar el viaje desde la Península hacia otros países europeos. En algunos casos llegaron a cobrar a las chicas entre 30 y 200 euros por esas primeras gestiones.

La investigación avanzó de forma decisiva el pasado marzo, cuando cuatro menores que se habían escapado del centro fueron interceptadas en el aeropuerto de Gran Canaria antes de viajar a la Península. Todas utilizaban documentación falsa.

La red utilizaba a una menor interna en el centro de acogida para captar a otras chicas especialmente vulnerables

Hasta ese momento se estaba produciendo aproximadamente una fuga cada mes o mes y medio, según fuentes conocedoras de las pesquisas. Las salidas se interrumpieron temporalmente después de aquellas intervenciones, aunque a finales de junio volvió a escapar otra menor.

Los agentes comprobaron también que la organización tenía un reparto de funciones definido. El supuesto cabecilla y su pareja se encargaban de parte de la logística. Algunos miembros acompañaban a las menores hasta el aeropuerto y comprobaban que superaban los controles de seguridad y entraban en la zona de embarque. Otros integrantes gestionaban los documentos falsos, los billetes y el resto de efectos necesarios para el viaje.

Uno de los detenidos trabajaba en un restaurante que, según las pesquisas, era utilizado como punto de entrega de documentación. Los seguimientos realizados en el aeropuerto permitieron a los investigadores concluir que no se encontraban ante fugas aisladas, sino ante una estructura organizada que repetía el mismo procedimiento con diferentes menores.

Cinco registros
El Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias de la UCO y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas realizaron finalmente cinco entradas y registros el 29 de julio. En el domicilio del supuesto cabecilla, situado en Arucas, los agentes encontraron abundante documentación, numerosas fotografías de carné de menores y un pasaporte mauritano presuntamente sustraído cuyos datos habrían sido utilizados para confeccionar documentación falsa para una víctima.

La Guardia Civil también intervino dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos cuyo contenido está siendo analizado para localizar a posibles nuevas víctimas e identificar a otros implicados.

La investigación permanece abierta bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza número 3.