Once días después de la entrada masiva en Ceuta de más de 80.000 inmigrantes desde Marruecos, según las últimas cifras oficiales, la situación preocupa cada vez más al Ejecutivo local de Juan Jesús Vivas, que ya ha pedido a Moncloa un «mando único» para gestionar la crisis y agilizar la expulsión de los que aún permanecen en sus calles. Según el mandatario autonómico, entre 8.000 y 11.000 personas están varadas en la ciudad autónoma.

Muchos de ellos, son menores, y por ello el Ejecutivo central trata de agilizar su filiación cuanto antes para comenzar a trabajar en el reagrupamiento familiar y que puedan volver a su país de origen. «Es un proceso que no es fácil, pero tiene que ser prioritario con el Gobierno de Marruecos y con sus familias», reconoció ayer en Ceuta el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El presidente ceutí insistió en que es «inasumible», «insostenible» e «inaceptable» la presencia de miles de personas en las calles, sin alojamiento y con necesidades básicas por cubrir. Entre las medidas propuestas, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez la habilitación urgente de un espacio que funcione como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para que estas personas puedan permanecer allí mientras se tramitan sus expedientes de expulsión. También pide reforzar los medios humanos y materiales de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía para agilizar estos procedimientos.

Las comunidades autónomas ya han reclamado al Ejecutivo central que, antes de proponer un reparto entre el resto de territorios como contempla la reforma de la Ley de Extranjería que se aprobó hace un año, se priorice el retorno de los más de 1.400 niños y adolescentes con sus familias como también recoge la norma, al igual que la posibilidad de ponerles a disposición de los servicios sociales marroquíes. El ministro Torres admitió durante su visita a Ceuta que el proceso «no es sencillo», porque depende de «la voluntad del país de donde son originarios los menores, de los propios menores y de sus familias» para que puedan regresar a su lugar de origen o ser trasladados a otros puntos de España.

La situación de los niños y adolescentes refleja la dimensión de la emergencia migratoria que afronta Ceuta, que cuenta con capacidad para acoger a 29 y se encuentra «desbordada». Torres cifró en 1.400 los jóvenes ilegales filiados hasta ahora, aunque reconoció que aumentará tras comprobar que aún permanecen decenas de ellos frente a las puertas de la Jefatura de Policía de Ceuta de la ciudad para ser inscritos.

A ese respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitó la semana pasada «agilizar» los procesos para la acogida de estos menores tras el interés mostrado por numerosas familias por acogerlos. Un tema que se abordará este jueves en la Comisión de Infancia, que servirá de preparación para la Conferencia Sectorial que decidirá sobre el reparto final por la Península.

Pero a dicha cita no acudirán, como ya han anunciado, los dirigentes de Vox que tienen las competencias sobre la tutela y la gestión de los menores migrantes en tres de las cuatro regiones en las que comparte Gobierno con el PP. No es el caso de Andalucía, donde gobiernan en coalición pero las competencias recaen sobre los populares.

El resto de comunidades donde el PP gobierna en solitario no plantarán a Rego. «Siempre hay que sentarse en la mesa», afirmó el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo, aunque matizó que «eso no significa que estemos de acuerdo con el Gobierno». Aunque los gobiernos populares han asegurado que acatarán la ley también han avanzado que pondrán todos los palos en las ruedas para que la reubicación en la Península de los menores no acompañados que han quedado en Ceuta no se materialice.

A tal fin, anunciaron la semana pasada que utilizarán todos los recursos políticos y judiciales a su alcance. En respuesta, desde el Gobierno se advirtió de que si obstaculizan el realojo de menores, actuará la Fiscalía General del Estado.

Insisten, asimismo, en que no pueden asumir «más presión migratoria» porque sus recursos de atención están «al límite». «Nosotros cumplimos la ley », aseveró Bendodo, quien urgió al Gobierno a hablar con Mohamed VI. «Sánchez se pone gallito con los italianos, pero no con Marruecos«, criticó.

Además de las autonomías en manos del PP, también estarán presentes en la reunión del jueves representantes de Canarias, de Euskadi y de las gobernadas por los socialistas, entre ellas Cataluña. Y ahí se puede abrir otro punto de fricción política porque Junts se mostró ayer contrario a que esta comunidad participe en el reparto. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, dejó claro que se opone frontalmente a que alguno de esos menores llegue a Cataluña. «No debemos cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente a miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades autónomas, que no acogen menores aunque tienen centros abiertos», criticó.

Por otro lado, el Gobierno insistió ayer en que sus ministros no acudirán a la llamada del Senado, que ha convocado ya formalmente las tres comisiones relacionadas con asuntos sobre la crisis de Ceuta. A ellas han llamado a comparecer a los titulares de Interior, Fernando Grande – Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; y de Exteriores, José Manuel Albares.