Los cientos de inmigrantes, sobre todo subsaharianos, que han convertido la playa del Trampolín de Ceuta en un campamento improvisado con chozas artesanales a base de cañas y ramas, o las decenas de menores, la mayoría marroquíes, que colapsan las inmediaciones de la jefatura superior de Policía a la espera de ser filiados, están dando al presidente ceutí argumentos para aplicar unas políticas muchos más restrictivas que las actuales.

Juan Jesús Vivas mantiene que la cifra de personas que siguen en la ciudad es muy superior a la estimación de 2.500 que hace el Gobierno central. La horquilla de las autoridades locales va de 8.000 a 11.000 personas. Es decir, más del 10% de la población empadronada en la ciudad fronteriza con Ma­rruecos.

Los que todavía permanecen serían los mismos que entraron de golpe en mayo del 2021. Unos números que llevaron ayer, diez días después del cruce masivo, a Vivas a pedir un mando único del Ejecutivo para gestionar la situación “inasumible, insostenible e inaceptable” derivada de la “invasión”.

No fue lo único que exigió ayer Vivas, con un tono más duro que en días anteriores. El presidente ceutí pidió habilitar un espacio que actúe como un centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde poder confinar a los migrantes hasta que se lleve a cabo su expulsión. En la práctica, la propuesta pasaría por restringir la libertad de movimiento de los inmigrantes mientras se tramitan y se culminan sus expulsiones.

Ceuta, al igual que Melilla, cuenta con un centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI), ahora colapsado, que sirve para dar techo a las personas que han accedido irregularmente a la ciudad autónoma hasta que se les traslada a un CIE de la Península. En el CETI, los inmigrantes pueden entrar y salir cuando quieran, siempre y cuando pasen la noche en ellos.

No hay tiempo máximo de estancia en estos centros gestionados por Migraciones. El CIE, en cambio, es un centro privativo de libertad a cargo de Interior en el que el migrante no puede pasar más de 60 días. Si su expulsión no se ha podido completar, como sucede en la mayoría de casos, queda automáticamente en libertad. Y eso, precisamente, es lo que ahora se pretende evitar.

Fuentes del Gobierno ceutí explican que la habilitación de ese posible CIE temporal, que proponen que se instale en el hospital militar dependiente del Ministerio de Defensa, tendría como objetivo cubrir de manera urgente las necesidades de los inmigrantes que aún deambulan por las calles, pero también para lanzar el mensaje de que “las personas que acceden de forma irregular se van por la misma puerta por la que han entrado”. Si los migrantes del CETI de Ceuta van logrando plaza en uno de los siete CIE de la Península, procediendo a su traslado, “se estaría mandando el mensaje contrario: quien cruza se queda”.

Vivas, en rueda de prensa, instó al Gobierno a transmitir “un mensaje inequívoco acerca de que la frontera está garantizada en cuanto a su seguridad por parte de España”. “No puede volver a ocurrir ni el día 15 de agosto ni nunca”, instó el presidente con respecto al nuevo llamamiento en redes sociales de cruce masivo por el espigón fronterizo del Tarajal, al que la Guardia Civil da credibilidad.

El Gobierno central dio por escuchadas las peticiones de Ceuta, a oídos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ayer se trasladó a la ciudad autónoma.

Sin embargo, el Gobierno puso el foco en la situación de los menores no acompañados, que ayer Torres situó en torno a los 1.400 ya acogidos por Ceuta. La “prioridad”, tal y como aseguró el ministro, es avanzar en la filiación de los chavales que aún no han sido registrados por la Policía Nacional para, a continuación, trabajar en el reagrupamiento familiar de los me­nores.

La reubicación obligatoria por ley entre comunidades autónomas pareció ayer pasar a un segundo plano, para elevar como preferencia esa reagrupación familiar, que requiere la plena colaboración de Marruecos. Pero hay matices en esta vía: la reagrupación no tiene por qué conllevar siempre la vuelta al país de origen, sino que se podría producir con familiares que se encuentren en otros puntos de España.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los marroquíes son la población extranjera más numerosa en Andalucía, Baleares, Castilla y León y Catalunya.

Rabat parece estar de acuerdo. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, exigió ayer el retorno de sus compatriotas niños y adolescentes que cruzaron solos la frontera de Ceuta. En declaraciones al medio Hespress, el titular de Justicia subrayó que el reino alauita no contempla la posibilidad de “abandonar” a sus menores, a los que reclamará por la vía “legal y política”.

El ministro agregó que la solidez de las relaciones entre Marruecos y España, así como el alto nivel de cooperación y coordinación alcanzado entre ambos países, exige encontrar una solución inmediata a este problema. Ouahbi reveló una llamada con su homólogo español, Félix Bolaños, centrada en los mecanismos para verificar la identidad de los menores filiados, antes de la posible reagrupación.

Pero en Ceuta ven esta vía como una auténtica utopía, de la que recelan. “Parece mentira que lo propongan, es una trampa”, explican fuentes del gobierno ceutí. En el retrovisor aún ven la experiencia en 2021, cuando se devolvió a Marruecos a medio centenar de menores de los 1.200 que fueron filiados como tales en la entrada masiva de 10.000 migrantes tres meses antes. La Audiencia de Cádiz condenó a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta primera de la ciudad autónoma por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia dio por probado que agilizaron la repatriación de menores, tras recibir directrices de Interior, sin ajustarse al – farragoso – procedimiento legal.

Antes de aquellas inhabilitaciones, el Tribunal Supremo había confirmado que la devolución exprés de 55 menores fue ilegal en una sentencia llena de reproches al Gobierno por su “absoluta inobservancia” de la Ley de Extranjería.

La norma exige que, antes de llevar a cabo una devolución se debe abrir un procedimiento administrativo individual a cada menor, se recopile información sobre él, se celebre una audiencia con el chaval si tiene la madurez suficiente y se reclame la intervención de la Fiscalía. Nada de esto se hizo en 2021, en la operación que lideró el Ministerio del Interior. Ahora, el Gobierno dice tener las lecciones aprendidas, aunque reconocen la dificultad del procedimiento.

Para que se produzca la reunificación familiar que el Gobierno priorizó ayer tienen que cumplirse varias condiciones: que sea voluntad del menor, que exista en efecto un núcleo familiar al que volver y que haya conformidad por parte del territorio de llegada (ya sea en el país de origen, en España, o incluso en otros países de la Unión Europea porque sus parientes están viviendo en esos lugares, como ocurre en muchos casos).

No obstante, “la reagrupación no es posible en la mayoría de los casos” como reconocían ayer por la tarde fuentes gubernamentales, porque muchos de los que llegaron a Ceuta no tienen un núcleo familiar al que retornar, y porque, como establece la ley, prima el interés superior del menor y la vuelta al país de origen no suele ser ese deseo, puesto que allí no tienen posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en los contextos de los que huyen.