LA PRETENSIÓN DEL GOBIERNO de Madrid de repartir quinientos menores inmigrantes actualmente en Canarias entre las diversas Comunidades Autónomas ha vuelto a poner sobre el tapete el delicado asunto de la acogida de estos menores. La Diputación de Bizkaia ha advertido de que, lejos de estar en condiciones de acoger a más inmigrantes, sería más positivo para todos que le aligeraran una carga a la que a duras penas puede hacer frente. Algo muy similar ocurre con los otros dos territorios históricos. En total, a día de ayer eran 355 los menores acogidos en la CAV, 238 en Bizkaia, 97 en Gipuzkoa y 20 en Araba. Razones humanitarias y la simple observación de los más elementales derechos de estos menores aconsejarían redoblar los esfuerzos para conseguir su mejor y mayor integración posible. Pero la realidad desmiente muy a menudo las buenas intenciones. Sin ir más lejos las de una sociedad que pone el mismo énfasis en pedir una atención pública para los desfavorecidos, como en exigir que esa atención se les dispense lo más lejos posible de su lugar de residencia, dado el carácter muchas veces conflictivo de los destinatarios de la asistencia.