Once días después de la entrada masiva en Ceuta de más de 80.000 inmigrantes desde Marruecos, según las últimas cifras oficiales, la situación continúa preocupando al Ejecutivo de Juan Jesús Viva que ya ha pedido a Moncloa un «mando único» para gestionar la crisis y agilizar la expulsión de los que aún permanecen en sus calles. Según el mandatario autonómico, entre 8.000 y 11.000 personas están varados en la ciudad. Muchos de ellos, son menores, y por ello el Ejecutivo central trata de agilizar su filiación cuantos antes para comenzar a trabajar en el reagrupamiento familiar y que puedan volver cuanto antes a su país de origen. «Es un proceso que no es fácil, pero tiene que ser prioritario con el Gobierno de Marruecos y con sus familias», reconoció el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Las comunidades autónomas ya han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que antes de proponer un reparto entre el resto de territorios como contempla la reforma de la Ley Extranjería que se aprobó hace un año, exigen que se priorice primero el retorno de los más de 1.400 niños y adolescentes con sus familias como también recoge la norma al igual que la posibilidad de ponerles a disposición de los servicios sociales marroquíes. El ministro admitió durante su visita a Ceuta que el proceso «no es sencillo», porque depende de «la voluntad del país de donde son originarios los menores, de los propios menores y de sus familias» para que puedan regresar a su lugar de origen o ser trasladados a otros puntos de España.

La situación de los niños y adolescentes refleja la dimensión de la emergencia migratoria que afronta Ceuta, que cuenta con capacidad para acoger a 29 y se encuentra «desbordada». Torres cifró en 1.400 los jóvenes ilegales filiados hasta ahora, aunque reconoció que aumentará tras comprobar personalmente que aún permanecen decenas de ellos frente a las puertas de la Jefatura de Policía de Ceuta de la ciudad para ser inscritos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitó la semana pasada «agilizar» la acogida de estos menores tras el interés mostrado por numerosas familias por acogerlos. Un tema que se abordará este jueves en la Comisión de Infancia, que servirá de preparación para la Conferencia Sectorial que decidirá sobre el reparto final por la Península. Una cita a la que no acudirán como han anunciado los dirigentes de Vox que tienen las competencias sobre la tutela y la gestión de los menores migrantes en tres de las cuatro regiones en las que comparte Gobierno con el PP. No es el caso de Andalucía, donde gobiernan en coalición pero las competencias recaen sobre los populares.

El resto de comunidades donde el PP gobierna en solitario no plantarán a Rego. «Siempre hay que sentarse en la mesa», afirmó el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo, aunque matizó que «eso no significa que estemos de acuerdo con el Gobierno». Aunque los gobiernos populares han asegurado que acatarán la ley también han avanzado que pondrán todos los palos en las ruedas posibles para que la reubicación en la Península de los menores no acompañados que han quedado en Ceuta no se materialice. Insisten en su mayoría en que no pueden asumir «más presión migratoria» porque sus recursos y capacidad de atención están «al límite». «Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo», aseguró Bendodo, quien urgió al Gobierno a hablar con Mohamed VI. »Sánchez se pone gallito con los italianos, pero no con Marruecos«, criticó.

El PP no está dispuesto a rebajar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Senado, donde tiene mayoría absoluta y controla los tiempos parlamentarios, ha convocado ya formalmente las tres comisiones relacionadas con asuntos sobre la crisis de Ceuta y a las que han llamado a comparecer a los ministros de Interior, Fernando Grande – Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; y de Exteriores, José Manuel Albares.

El presidente de la Cámara alta advirtió este fin de semana por carta a los ministros de que se adoptarán «las medidas que procedan» y se exigirán las «responsabilidades» oportunas si deciden no comparecer «sin causa debidamente justificada». También se lo hizo saber al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien previamente le había conminado a desconvocar las comisiones para evitar «duplicidades» puesto que los miembros del Ejecutivo comparecerán en el Congreso a petición propia a final de mes. El Gobierno no ha cambiado de parecer y reiteró este lunes que sus ministros no acudirá a la llamada del Senado anticipando un nuevo choque institucional.