La crisis de Ceuta ha servido para tejer una alianza entre la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen. Las dos mandatarias han aparcado sus diferencias ideológicas para exigir a los Veintisiete una política migratoria más «rigurosa» que endurezca las fronteras exteriores comunitarias, acelere las devoluciones y cree centros de tramitación y repatriación de solicitantes de asilo en terceros países fuera de Europa. En un comunicado conjunto Meloni y Frederiksen, a pesar de pertenecer a familias políticas distintas, coinciden en rechazar la «inmigración descontrolada» tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma desde Marruecos y en que la Unión Europea debe recuperar el control de quién entra y quién sale por sus fronteras.

«Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa», arguyen en la nota firmada y subida este lunes a las redes sociales.

Ambas mandatarias europeas un énfasis especial en los inmigrantes en situación irregular, «que carecen del derecho a permanecer en nuestros países» y que «cometen delitos violentos, trafican con drogas o son autores de agresiones sexuales» y reclaman a Europa «respuestas concretas» para «garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades». Ponen el foco también en «los millones de ciudadanos extranjeros que viven legalmente» en Europa, a los que atribuyen un supuesto interés por imponer estilos de vida alejados de los «valores comunes» que comparten «millones de europeos».

La alianza de Meloni y Frederiksen llega en plena escalada del enfrentamiento diplomático entre España e Italia, con el espacio de Schengen suspendido entre ambos. Tras la avalancha en Ceuta, el Gobierno italiano decidía establecer controles en sus aduanas para los visitantes provenientes de territorio español. La medida se mantendrá, en principio, hasta el 15 de agosto ante la posibilidad de otra avalancha de migrantes en Ceuta.

Meloni ignoró el ultimátum del Ejecutivo de Pedro Sánchez que exigía ponerle fin o enfrentarse a medidas proporcionales». En respuesta, el Gobierno español decidió restablecer temporalmente desde el sábado los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes del país transalpino. En estos tres días, 1.033 pasajeros de terceros países de vuelos procedentes de Italia han sido sometidos a controles. Según Interior, hasta 109 policías han realizado estos controles de documentación a los pasajeros de 58 vuelos. «Sánchez se pone gallito con los italianos, pero no con Marruecos», criticó este lunes el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo.

Italia volvió este lunes a criticar la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez insistiendo en situar el proceso de regularización masiva puesto en marcha en España como la causa de la avalancha en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. «Ceuta ha sido un banco de pruebas y una lección: la lucha contra la inmigración ilegal es una tarea común. Decisiones unilaterales de países individuales no pueden descargar sus consecuencias en los países socios», escribió en redes sociales el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

El también viceprimer ministro italiano defiende la creación de «hubs para las repatriaciones en África» y dice que comparte las propuestas que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, publicó en un diario alemán, de «fortalecer Frontex como una verdadera agencia europea de guardia fronteriza con personal, recursos y poderes adecuados».

No es la primera vez que Meloni y Frederiksen trabajan conjuntamente en materia migratoria. En mayo de 2025 ya lideraron una iniciativa conjunta para exigir mayor autonomía en la expulsión de extranjeros en situación irregular que hubieran cometido delitos graves. Ambos países cuestionaron los límites impuestos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y abogaron por revisar las convenciones internacionales vigentes.

Italia ha sido el primer Gobierno de la UE en intentar externalizar la gestión migratoria con la apertura de centros de internamiento en Albania, aunque la iniciativa sigue atrapada en recursos judiciales. Dinamarca, a pesar de tener un Gobierno de socialdemócratas y liberales, aplica una de las políticas de asilo más estrictas del norte de Europa, buscando desincentivar la llegada de nuevos solicitantes y abogando por externalizar la evaluación de refugiados a centros en Ruanda.