La crisis ceutí ofrece un caso ejemplar de la pérdida de control por parte de los estados ante las redes sociales. Los gobiernos español y marroquí fueron incapaces de detectar el tsunami humano que inundó Ceuta, y muchos gobernantes y políticos, dentro y fuera de España, reaccionaron al otro tsunami, el de las redes sociales, replicando y amplificando la desinformación que alimentaba al primero, con decisiones absurdas y dañinas para todos como la introducción de controles fronterizos.

Si no viviéramos en un país roto por la polarización, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional abriría una investigación rigurosa e independiente para averiguar por qué los 45.000 millones de euros que suman el presupuesto combinado de los ministerios de Interior y Defensa y los 285.000 policías, guardias civiles y militares en activo no alcanzaron para detectar y repeler una violación tan grave a la soberanía como la vivida en Ceuta.

La respuesta seguramente apuntaría a la incapacidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para monitorear el espacio digital con la misma eficacia que el físico. Hacerlo hubiera permitido detectar la dinámica generada por la sentencia del Supremo sobre entradas a nado —que el propio Tribunal anticipó, incluso señalando cómo corregirla— y coordinarse con las autoridades marroquíes de forma temprana. Así, al menos, hubiéramos verificado su disposición a cooperar en lugar de hipotetizar sobre ella y sus motivaciones.

Las lecciones de esta crisis trascienden el espacio digital. En el mundo de hoy todas las interdependencias e interconexiones son, per se, vulnerabilidades esperando a ser explotadas y convertidas en amenazas por terceros: la información, las fronteras, la inmigración, la tecnología, los alimentos, la energía, las infraestructuras, el comercio o las inversiones. Eso significa que el espectro de amenazas que enfrentamos desborda el marco clásico y se adentra en una amplia zona gris que afecta e interpela a toda la sociedad, no solo a policías y militares.

La apertura por parte de la UE y la OTAN de un centro de seguimiento dedicado a las amenazas híbridas en el sur de Europa, Norte de África y Sahel —equivalente al que desde Helsinki se encarga de monitorizar el flanco oriental— sería un primer paso muy recomendable para adentrarse en ese nuevo paradigma de amenazas híbridas.