La disputa diplomática entre el Estado español e Italia ha subido un nuevo peldaño con la decisión del Gobierno español de recuperar los controles fronterizos con el Estado italiano. La medida, que entrará en vigor a medianoche de este sábado y estará vigente, en principio, hasta el 7 de septiembre, llega como respuesta al rechazo del Ejecutivo de Giorgia Meloni a retirar las restricciones impuestas a los viajeros procedentes del Estado español.

El origen del desencuentro se sitúa en la decisión italiana de establecer controles el pasado 1 de agosto. Roma justificó entonces la medida en el contexto de la llegada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos, con decenas de fallecidos, y en la preocupación por posibles movimientos secundarios dentro del espacio europeo. Una decisión que Madrid ha considerado desproporcionada y que llevó al Gobierno español a reclamar su retirada antes de este domingo.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha instado al Gobierno de Meloni a retirar los controles al considerar que se trata de una medida «injustificada» que atenta «contra la dignidad de los españoles» y para la que, a su juicio, «no hay ningún motivo» debido a que la situación en Ceuta ya está «canalizada».

La advertencia de que adoptaría medidas «proporcionales» para «defender los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles» ha sido interpretada por Roma como «un ultimátum inaceptable». El Ejecutivo italiano ha respondido que no aceptaba «presiones de ese tipo» y ha mantenido los controles. La respuesta española no se ha hecho esperar: si Italia restringía la entrada a ciudadanos procedentes del Estado español, Madrid aplicaría una medida equivalente a los viajeros llegados desde territorio italiano.

Tensiones europeas sobre política migratoria

El Gobierno español argumenta que la decisión responde a la necesidad de proteger sus intereses ante una situación que considera equiparable, señalando la «persistente presión migratoria irregular» que soporta Italia. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vincula la respuesta a la misma lógica utilizada por Roma, aunque el episodio evidencia las tensiones crecientes entre socios europeos a la hora de abordar la política migratoria.

El conflicto se produce en un momento especialmente sensible dentro de la Unión Europea. El espacio Schengen, basado en la libre circulación de personas entre los Estados miembros, permite la reintroducción temporal de controles internos en circunstancias excepcionales, pero estos mecanismos se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por distintos gobiernos bajo argumentos como las crisis migratorias, amenazas de seguridad o situaciones sanitarias.

Italia ha sido uno de los países que más ha presionado en los últimos años para que la UE refuerce el control de sus fronteras exteriores y comparta la responsabilidad sobre las llegadas por el Mediterráneo. El Gobierno de Meloni, al frente de una coalición de derechas desde 2022, ha convertido la cuestión migratoria en uno de sus principales ejes políticos y ha reclamado mayor implicación del resto de Estados miembros.

En el Estado español, por su parte, la llegada de miles de personas por rutas marítimas y terrestres ha situado la gestión migratoria en el centro del debate político, aunque Madrid ha defendido tradicionalmente una respuesta europea basada en la cooperación y en el reparto de responsabilidades.

Los nuevos controles españoles serán aleatorios y consistirán en la comprobación de identidad y nacionalidad de los viajeros. En el caso de ciudadanos de terceros países, también se revisará la documentación necesaria para su estancia, como visados o permisos de residencia.