El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para volver a tratar de limitar la ciudadanía por nacimiento en el país. El Tribunal Supremo, hace unas semanas, bloqueó su primer intento de limitar ese derecho para hijos de inmigrantes en situación irregular.

Nada más llegar al despacho oval, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a algunos niños nacidos en EE.UU. cuyos padres fueran migrantes en situación irregular o con presencia temporal.

Varios estados y organizaciones defensoras de los derechos civiles denunciaron que una orden ejecutiva no podía limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que protege la Decimocuarta Enmienda de la Constitución del país.

Tras las demandas, los tribunales bloquearon la medida a nivel nacional y, el 29 de junio de este año, el Tribunal Supremo les dio la razón, respaldando la protección de la ciudadanía para los nacidos en el país.

Actualmente, casi toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La nueva orden busca crear excepciones para casos como el llamado “turismo de maternidad”.

El «turismo de maternidad»

La nueva medida compartida por la Casa Blanca sostiene que la ciudadanía automática no debería aplicarse a los hijos de mujeres que viajan a Estados Unidos «con el objetivo de dar a luz y obtener ese beneficio para sus hijos». Es lo que el ejecutivo llama «turismo de maternidad» y que, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), supone apenas el 0,3% de los nacimientos.

La Casa Blanca sostiene que el fallo del Supremo permite establecer estas excepciones porque, según su interpretación, la Decimocuarta Enmienda no cubre a personas que no estén «sujetas a la jurisdicción» de Estados Unidos.

La orden también menciona como posibles excepciones a hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes rechazan esa interpretación. Sostienen que la ciudadanía por nacimiento no depende del estatus migratorio de los padres.

«La Corte Suprema ya decidió este asunto: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución», ha afirmado Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

La agenda antiimigración de Trump

Esta batalla legal se suma a otras medidas que el inquilino de la Casa Blanca ha aprobado a lo largo de su segundo mandato para tratar de coartar los derechos de la población inmigrante de EE.UU. Entre ellas destacan el refuerzo del control fronterizo, la ampliación de las deportaciones, la suspensión de algunos programas de entrada legal y nuevas restricciones al asilo.

La aprobación del nuevo decreto coincide, además, con un aumento de los casos de violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el polémico cuerpo de policía antiinmigración del Gobierno de Donald Trump.

Entre ciudadanos naturalizados, residentes legales con tarjeta verde, titulares de visados temporales y personas sin autorización legal, hay unos 50 millones de personas inmigrantes en Estados Unidos. Suponen el 14% de la población total del país y aportan en torno al 20% de la fuerza de trabajo.