Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron ayer los paquetes de sanciones impuestos por Estados Unidos a Cuba al asegurar que constituyen un intento de «alterar el orden constitucional de un Estado soberano» a través de «amenazas y coacción». «Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo», denuncian los relatores firmantes del comunicado de condena de las medidas adoptadas por Washington contra La Habana.

Concretamente, los signatarios son el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos; la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Zaina Jallad; la relatora especial para el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve Suárez; el grupo de trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, y el relator especial para el derecho al desarrollo, Surya Deva.

De acuerdo con el comunicado de los expertos, las sanciones unilaterales de Estados Unidos, ampliadas en junio de 2026, buscan «afectar a sectores clave» de la economía cubana, empresas energéticas incluidas. Eso, denuncian, se ha traducido en un bloqueo aún mayor de la adquisición de combustible «incluso por motivos humanitarios», en un momento en el cual el país caribeño atraviesa una «aguda» escasez de combustible agravada por repetidos apagones «de grandes proporciones». A ello se suma que, según los firmantes del texto, el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos «están fallando de manera simultánea», afectando «de forma desproporcionada» a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos.

De hecho, las agencias de la ONU en Cuba advierten de los «crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad», con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que «interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer».

«Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana», recalcan los expertos en derechos humanos.

DERECHO A LA VIDA
«Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana», recalcan los expertos de la ONU.