El colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS), que proporcionaba las cenas a personas migrantes sin recursos en las calles de Donostia prohibidas por el Ayuntamiento, ha exigido a este que «cese el hostigamiento ilegal e intimidación» a sus voluntarios y a las personas a las que atienden porque «la solidaridad no es un delito».

En un comunicado, KAS ha explicado que desde que se prohibieron estas cenas, «la situación de muchas personas migrantes que viven en nuestra ciudad se ha vuelto aún más grave» y «ante el hambre que están sufriendo muchos de estos jóvenes», algunos de sus voluntarios han decidido «repartir bocadillos sin un punto fijo y por responsabilidad humana». En este contexto, ha denunciado el «hostigamiento» al que están «siendo sometidas por parte de la Guardia Municipal por el simple hecho de repartir bocadillos a personas que tienen hambre».

Según KAS, sus voluntarios han sido «interceptados e identificados mientras repartían bocadillos», así como «perseguidos y fotografiados sin consentimiento». «Todo ello, según nos han trasladado los propios agentes, siguiendo órdenes de arriba», han apuntado. A su juicio, resulta «inadmisible que se criminalice la solidaridad y que quienes dedican su tiempo y dinero a ayudar a personas en situación de extrema vulnerabilidad sean tratadas como si estuvieran cometiendo un delito».

Además, desde KAS han censurado que «la Guardia Municipal está identificando y fotografiando de manera sistemática a jóvenes migrantes para elaborar un archivo fotográfico con el fin de facilitar futuras identificaciones si ocurre algo en la ciudad». «Según los testimonios recibidos, incluso se estarían actualizando esas fotografías cuando la apariencia física de estas personas cambia, renovando imágenes tomadas en años anteriores», han apuntado.

KAS ha afirmado que «si estos hechos son ciertos, estaríamos ante una práctica profundamente preocupante que estigmatiza a un colectivo entero por el mero hecho de existir, tratándolo como sospechoso permanente».

Asimismo, ha denunciado que en un bar de la ciudad «un trabajador ofreció un pintxo a una persona migrante en situación de vulnerabilidad, algo habitual en muchos bares, y, cuando salió a la calle, dos agentes de la Guardia Municipal de paisano se le acercaron para identificarle».

«La solidaridad no puede convertirse en motivo de persecución y alimentar a quien tiene hambre no puede ser tratado como una amenaza para la convivencia», han subrayado desde KAS. Finalmente, han advertido de que no aceptarán que «se intimide a quienes ejercen la solidaridad, ni que se señale sistemáticamente a personas migrantes como si fueran sospechosas por definición».

EH Bildu pide que cesen las identificaciones

Desde EH Bildu, por su parte, han mostrado su apoyo a los voluntarios y voluntarias de la red ciudadana KAS y han pedido al Ayuntamiento «que cese el acoso a las personas que se sostienen en esta red ciudadana mediante el miedo y la intimidación».

Ante esta situación, la formación ha indicado que «la única manera de dar salida a la situación es hacerlo junto a los y las voluntarias de KAS, es decir, reconociendo a los y las donostiarras que hacen posible KAS como sujetos activos e incorporándolos como aliados», mientras que «el alcalde lo ha hecho en sentido contrario». En este sentido, ha criticado la ausencia de KAS en la Junta de Portavoces programada por Insausti.

A la espera de esta Junta de Portavoces, EH Bildu ha solicitado el informe que ha realizado el Departamento de Acción Social «porque queremos conocer los datos que se han recogido en el mismo y el diagnóstico que recoge». Asimismo, analizarán otros informes «que el alcalde ha empleado para justificar la prohibición»: los elaborados por la Guardia Municipal, el Espacio Público y el departamento de Medio Ambiente y Salud, respectivamente.

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, ha anunciado este viernes en un comunicado que ha solicitado a Alcaldía los informes completos de Uso del Espacio Público, Salud Pública y Guardia Municipal en los que se basa la resolución y ha consultado con especialistas en Derecho Administrativo la posibilidad de recurrirla y solicitar su suspensión cautelar.

A su juicio, la resolución es «completamente inhumana y humillante para toda la ciudadanía». «Mezcla argumentos como la ocupación del espacio público, los requisitos sanitarios y los problemas de seguridad», pero «ninguno conduce necesariamente a prohibir las cenas en toda la ciudad», ha indicado Lasa.