El Gobierno cifró este viernes en 1.342 los menores registrados en el sistema de acogida de los llegados a Ceuta desde Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes de la semana pasada. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se encuentra desde el jueves por la tarde en la ciudad autónoma, reconoce que la situación es «muy complicada» pero confía en que se aceleren los mecanismos de acogida en otras comunidades para que el traslado de estos niños y adolescentes se produzca en «pocas semanas». «Mi intención es que fuera inmediatamente», aseguró Rego, tras admitir que aún tienen trabajo por delante ya que el «volumen de llegadas» ha sido muy elevado y quedan muchos chavales por identificar.

Las autoridades locales lleva días alertando de que aún quedan miles de inmigrantes deambulando por la ciudad. Esta misma mañana decenas de chavales esperaban a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados. «Se va a atender a todos», indicó la ministra. Se está priorizando la atención sobre aquellos perfiles «más vulnerables» para evitar que se dejen de ver adolescentes durmiendo en las calles. «Nos atraviesa el dolor cuando vemos estas imágenes», afirmó Rego.
Para ampliar la capacidad de respuesta, el Ejecutivo ha puesto ya a disposición de Ceuta dos centros, entre ellos un segundo colegio público, para realizar la primera acogida, y trabaja en la búsqueda de nuevos espacios que permitan acelerar el procedimiento. También se han agilizado los protocolos de entrevistas y filiación para reducir los tiempos de espera. Se habilitado además una partida presupuestaria destinada al proceso de acogida y está previsto que el próximo 16 de agosto llegue al enclave africano un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia de manera permanente para ir «lo más rápido posible» con este proceso.

Para ello, Gobierno y comunidades deberán abordar la espinosa cuestión del reparto y la cuota que le corresponde a cada una. Primero, la semana que viene en una reunión de la comisión sectorial de Infancia y a finales de mes en la Conferencia Sectorial. Una distribución que, a priori, no será nada fácil porque los gobiernos del PP y también el del PNV en el País Vasco han avisado ya de que pondrán todos los palos posibles en las ruedas para que no se produzca porque sus sistemas de protección están tensionados. Un reparto que, según el Ejecutivo de Ceuta, ha estado funcionando de manera ordinaria estos meses con los menores provenientes de su ciudad, así como de Melilla y Canarias, con la reubicación de más de 2.000 niños y adolescentes.

El PP insiste en la reagrupación familiar y el Ministerio avisa de que se hará siempre que se pueda hacer con garantías

En el primer partido de la oposición creen que antes de ponerse hablar de traslados es necesario agotar todos los instrumentos que prevé la Ley de Extranjería, reformada hace año y medio para permitir la reubicación automática de menores. El texto contempla como prioridad el retorno de éstos con sus familias o su devolución a los servicios sociales de sus países de origen. «Creemos que hay que seguir los pasos, creemos que hay que cumplir la ley y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis», zanjó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable de las políticas de inmigración del PP, Alma Ezcurra.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha avanzado que su prioridad será la reagrupación familiar siempre que pueda realizarse con garantías y atendiendo al interés superior del menor. Cada caso, insistió Rego, deberá estudiarse de manera individual por equipos especializados. La ministra envió también un mensaje para quien se esté pensando incumplir los compromisos existentes, que recoge el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y recordó que el Gobierno cuenta con «mecanismos jurídicos suficientes» para llevar a cabo la reubicación de estos menores migrantes no acompañados.

La Fiscalía actuará contra quienes se nieguen
Entre esos mecanismo, se encuentra la Fiscalía General del Estado, quien ya ha avisado que actuará contra aquellas comunidades que rechacen el reparto o muestren reticencias para asumir aquellos menores migrantes no acompañados que lleguen desde Ceuta. En un decreto dictado este viernes, la fiscal general Teresa Peramato establece una serie de «pautas de actuación» para los fiscales delegados de Menores de origen y destino, cuyos departamentos se vean afectados por la reubicación de más del millar de niños y adolescentes que se encuentran varados en la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio para «asegurar» su «protección» y «garantizar» su «adecuada acogida» y «atención inmediata».

La jefa del Ministerio Público recuerda que en el real decreto que se aprobó en julio de 2025 se fijan las responsabilidades de traslado y acogida de los menores por parte de las comunidades. Todo ello, señala Peramato, «sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse», y en su caso «ejercer las acciones que correspondan».

El aviso de Peramato no ha sentado nada bien en Génova donde reclaman la neutralidad de la Fiscalía y la misma diligencia «para exigir al Gobierno el cumplimiento de la ley. En un comunicado, el PP señala que «no es bueno introducir elementos de confrontación» e insisten en que no hay ninguna rebelión de las comunidades sino la exigencia de que cada administración «cumpla con las obligaciones que le corresponden» y que la ley se aplique «a todos por igual».