Solo en los últimos veinte años, la Comisión Europea ha recibido y aprobado medio millar de solicitudes para suspender la libre circulación en el territorio comunitario que consagra el Acuerdo de Schengen de 1995. Entre los motivos esgrimidos por los Estados para pedir la reinstauración de restricciones internas, la estrella es la preocupación por la inmigración irregular. En este momento hay en activo 11 regímenes que limitan el tránsito, aunque ninguno en términos tan broncos como el que enfrenta a Italia y España, una desafortunada consecuencia del pánico que difundió por el continente la entrada ilegal de 72.000 personas en Ceuta el 30 de julio. Cuando la inmensa mayoría ya emprendía la vuelta a Marruecos, el Gobierno italiano exigió la suspensión de Schengen para los desplazamientos procedentes de España. Al error de Meloni al desatar una grave crisis diplomática se suma ahora Pedro Sánchez con controles para vuelos y cruceros procedentes de Italia. El alcance del choque no se entiende sin tener en cuenta que Sánchez y Meloni representan proyectos antagónicos sobre cómo debe afrontar la UE la inmigración irregular. Los dos, además, afrontan elecciones en 2027 y buscan rédito político en el río revuelto.