En la política institucional, la sobreactuación suele ser el mejor recurso para disimular la falta de respuestas. El reciente cruce de reproches entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Italia de Giorgia Meloni a cuenta de la tensión migratoria en Ceuta responde con precisión a esa norma no escrita del escenario contemporáneo. Sin embargo, reducir el colapso que se vive en el flanco sur a un mero duelo de relatos entre la diplomacia de Madrid y la retórica de Roma es quedarse en la espuma del debate. Ignora, en el fondo, la brecha más determinante: la parálisis calculada que se ejecuta a este lado de las fronteras.

Ciertamente, el movimiento táctico de Meloni —siempre dispuesta a agitar el fantasma del «efecto contagio» para justificar su agenda de cerrojazo comunitario— vuelve a exponer la fragilidad de un proyecto europeo incapaz de pactar una gobernanza compartida de los movimientos migratorios. Italia, como otros países del Mediterráneo, reclama que la frontera exterior de la Unión no sea una responsabilidad exclusiva de los Estados que soportan la presión de las llegadas. Pero esa legítima demanda de corresponsabilidad convive, en el caso italiano, con una política que ha convertido el endurecimiento del control migratorio en una de sus principales banderas electorales.

La contradicción europea es evidente. Se reclama solidaridad cuando la presión llega a las costas propias y se olvida con demasiada facilidad cuando se trata de compartir responsabilidades con los demás. Pero la tesis que sitúa al Ejecutivo de Sánchez como una víctima pura del empuje ultraderechista resulta igualmente insuficiente. La narrativa del Gobierno flaquea en el momento exacto en que la mirada se desplaza de la cumbre internacional al tablero de la política territorial española.

Ahí radica la verdadera paradoja. Mientras la Moncloa reclama con rotundidad ante Bruselas un principio de corresponsabilidad obligatoria que no deje desamparadas a las regiones del Mediterráneo, el mecanismo para el reparto vinculante de los menores no acompañados choca en España contra un muro doméstico. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular —condicionadas por el chantaje ideológico de Vox o por el mero cálculo de la erosión partidista— han bloqueado sistemáticamente cualquier fórmula que permita distribuir de manera estable y equitativa la atención entre los distintos territorios.

El resultado es un espejo incómodo para el principal partido de la oposición. El PP reproduce en algunas de las instituciones que gobierna una lógica de contención insolidaria semejante a la que critica cuando la aplican determinados socios europeos. Se exige una solidaridad de Estado para reclamar recursos y ayuda a la Unión, pero se cuestiona esa misma cohesión interna cuando se trata de aliviar la saturación límite que sufren Ceuta, Canarias u otros territorios especialmente expuestos.

No es una cuestión menor ni un asunto que pueda resolverse mediante la habitual competición de consignas. Detrás de las cifras hay menores que necesitan protección, administraciones que trabajan al límite y territorios cuya capacidad de acogida no puede ampliarse indefinidamente por decreto político. Convertir esa realidad en un arma arrojadiza entre gobiernos significa desnaturalizar el problema. Y utilizar a los menores como moneda de cambio partidista supone trasladar a los más vulnerables el coste de una disputa que les es completamente ajena.

También conviene evitar la tentación de presentar la inmigración irregular como un fenómeno que pueda explicarse exclusivamente mediante la acción de la extrema derecha. Es cierto que la ultraderecha europea explota el miedo, convierte la presión migratoria en un instrumento de movilización electoral y encuentra en cada episodio de tensión una oportunidad para reforzar su discurso. Pero reducir toda la complejidad del fenómeno a esa «mano negra» conduce a una explicación demasiado cómoda. La presión migratoria existe, tiene causas profundas y requiere políticas eficaces de fronteras, cooperación con los países de origen y tránsito, vías legales de entrada, integración y una verdadera política europea común.

La simplificación sirve a todos. A la extrema derecha, porque le permite alimentar la sensación de desorden y abandono. Al Gobierno, porque le ofrece un adversario ideológico al que atribuir buena parte de sus dificultades. Y a la oposición, porque facilita presentar cualquier mecanismo de reparto como una cesión injustificada. Entre unos y otros, sin embargo, desaparece lo esencial: quién se hace cargo de la realidad cuando esta deja de ser un eslogan.

Ceuta es, en este sentido, mucho más que un episodio de tensión migratoria. Es una frontera europea, pero también un territorio español sometido a una presión que pone a prueba la capacidad del Estado para actuar como Estado. Lo mismo sucede con Canarias. La respuesta no puede depender de la capacidad de resistencia de unas comunidades autónomas frente a otras ni de la voluntad política del Gobierno de turno. Una estructura descentralizada no puede convertirse en una estructura fragmentada cuando llegan los problemas que exigen mayor coordinación.

La gestión de los menores no acompañados se ha transformado así en un rehén táctico, despojado de buena parte de su sentido de responsabilidad institucional. El debate puede y debe incluir recursos, competencias, seguridad, capacidad de acogida y control de las fronteras. Pero ninguna de esas cuestiones debería servir como coartada para eludir el principio básico de que un menor en situación de desamparo no puede quedar atrapado entre administraciones que calculan el coste electoral de hacerse cargo de él.

No se puede denunciar con autoridad moral la insolidaridad de la extrema derecha europea en el exterior mientras se consiente el bloqueo territorial en el interior. Tampoco se puede pretender que Bruselas resuelva aquello que los Estados miembros son incapaces de ordenar dentro de sus propias fronteras. La solidaridad europea empieza por una política común, pero la solidaridad nacional no puede quedar suspendida hasta que Europa alcance ese acuerdo.

Ceuta, por eso, funciona como un espejo especialmente incómodo. Devuelve a cada actor político sus propias contradicciones. A Meloni, las de una Europa que reclama cooperación mientras endurece sus fronteras. A Sánchez, las de un Gobierno que exige corresponsabilidad exterior mientras tropieza con la resistencia interior. Y al PP, las de una oposición que reclama al Estado cuando gobierna y reivindica autonomía cuando se trata de asumir costes.

La cuestión migratoria no necesita más sobreactuación. Necesita menos teatro y más política. Ceuta no se defiende únicamente señalando las contradicciones de la Roma de Meloni; se defiende exigiendo que la estructura autonómica no dimita de sus obligaciones humanas más elementales. Y España no puede reclamar a Europa una solidaridad que ella misma no está dispuesta a practicar dentro de sus propias fronteras.