EFE
Madrid

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó ayer de que, en lo que va de año, han sido repatriados 13.055 inmigrantes a países del continente africano y garantizó la continuidad de las devoluciones a Senegal durante las próximas semanas y meses.

Zapatero, quien participó en la sesión de control al Gobierno en el Senado, aseguró que el objetivo de la oferta de un Pacto de Estado por la inmigración no es silenciar al PP, aunque pidió a ese partido que deje de hacer “demagogia” con ese problema, “porque es plenamente irresponsable”.

Ante las críticas por la situación en la que se encuentran los centros de extranjeros en Canarias, invitó a los grupos parlamentarios a visitarlos y aseguró que se están llevando a cabo trabajos de renovación, ampliación y construcción de nuevos centros para sustituir algunos de los existentes.

Tras reconocer la envergadura del problema y la “enorme movilización” de esfuerzos para ayudar a controlar las fronteras africanas, se mostró convencido de que las gestiones realizadas llevarán a los resultados deseados: la reducción “drástica” de la salida de inmigrantes en origen y la repatriación “efectiva y lo más rápido posible” de quien llegue a las costas españolas.

Frente a sus palabras, el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, aseguró que la situación es hoy “infinitamente peor” que hace cuatro meses, y consideró que el eslogan del “Gobierno del talante y del diálogo”, debería ser sustituido por “el Gobierno de la ineficacia, la incompetencia y la demagogia”.

Respecto a la posibilidad de un pacto, García Escudero consideró que, “desde el pedestal de su soberbia intelectual”, Zapatero se ha convertido en un “consumado destructor de pactos” y le acusó de haber traicionado el Pacto por la Justicia, el Pacto Antiterrorista y el tripartito y la OPA.

Así, cuando el Gobierno “está desbordado”, aseguró, ya no tiene credibilidad para ofrecer un Pacto de Estado en Inmigración, con el que quiere, a su juicio, “callar a la oposición”.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el pleno del Congreso, el debate siguió en la misma línea al preguntar el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, si la actitud del Ejecutivo “ante los pactos de Estado es la mejor base para proponer nuevos acuerdos”.

“Dos no dialogan si uno no quiere, dos no acuerdan si uno sólo lo que quiere es el disenso”, advirtió Fernández De la Vega, quien consideró que el problema del PP es que confunde “el acuerdo con la imposición”; “no han salido del pensamiento único”, apostilló.

Fernández de la Vega censuró al líder del PP, Mariano Rajoy, por ir a Bruselas a pedir una política de inmigración común en la UE y no defender lo mismo en España, facilitando el diálogo con el Gobierno.

Zaplana, sin embargo, consideró que la petición de un pacto llega ahora “de forma cínica, como analgésico para que nos abstengamos de ejercer la labor de oposición”, ya que si de verdad apostaran por el acuerdo, el Gobierno empezaría por aceptar las medidas propuestas por el PP.

“Si no todo será palabrería, cinismo y humo, el que siempre emplea cuando tienen que enfrentar problemas reales”, insistió.

Por su parte, el secretario general del PP, Angel Acebes, expuso ante el pleno las críticas de los sindicatos policiales ante la carencia de medios y la situación de los centros de acogida canarios y responsabilizó al Gobierno del “drama humanitario” creado.

Acebes emplazó al Gobierno a tomar medidas de forma inmediata y aconsejó que “si no saben o no pueden, den paso a otros para que lo arreglen”.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en quien se volvieron a centrar buena parte de las críticas del PP, que reclama su dimisión, explicó que la capacidad de acogida se fija en función de las necesidades del mercado laboral y aseguró que sigue siendo necesario contratar trabajadores en el exterior.

No obstante, la diputada popular Dolors Nadal subrayó que las comunidades están “desbordadas” al tener que pagar “los platos rotos por los errores y la demagogia” de la política del Gobierno de “papeles para todos”, por lo que exigió que se convoque inmediatamente la Conferencia de Presidentes autonómicos.