Es necesaria la implementación de medidas estrictas por parte de las autoridades marroquíes en varias ciudades para limitar el desplazamiento de jóvenes hacia el norte,según el informe del Consejo de Derechos Humanos de Marruecos.

El 29 de julio, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó un comité de seguimiento, coordinación y supervisión que ha analizado la situación sobre el terreno y en línea, en el contexto del reciente cruce de casi 41.000 personas hacia Ceuta, según cifras del Ministerio del Interior marroquí. El comité observó inicialmente discrepancias en las cifras de fallecidos. Los datos marroquíes indican 14 muertes, mientras que las cifras españolas elevan el número a 80. “Establecer un mecanismo conjunto y responsable para verificar el número de fallecidos” se está convirtiendo en una prioridad, además de “las medidas necesarias para identificar a los fallecidos y asegurar su repatriación a sus familias, con el fin de brindarles un funeral digno”.

El Consejo afirma que los cruces «han alcanzado una magnitud y una movilización sin precedentes tras la sentencia del Tribunal Supremo español» y su interpretación errónea respecto a la expulsión no inmediata de los migrantes que llegan por mar.

Asimismo, destaca el «papel esencial» de los grupos en línea en «la venta y adquisición de material de natación», en «el intercambio de consejos prácticos para la preparación del cruce, la movilización a nivel municipal y en los puntos de encuentro para los desplazamientos en grupo», y también en la «coordinación continua».

Sobre la “actividad de intermediarios o redes potencialmente vinculadas a la trata de personas”, que ofrecen “servicios” para organizar o facilitar los cruces. También señaló “la presencia de varias cuentas extranjeras dentro de grupos marroquíes que difunden información falsa” que incita a las personas a cometer estos actos.

Según información del CNDH, un grupo de WhatsApp que difundía “consejos” para viajar a Ceuta “eliminó todos los números de teléfono que contenían el prefijo internacional de un país extranjero”. Otro grupo, “cuyos miembros fueron verificados por el Consejo, contenía más de 18 números de teléfono de ese país”.

En la prensa y los medios nacionales, el Consejo observó una falta de “precauciones en el marco de la ética periodística y las buenas prácticas en materia de derechos humanos y normas internacionales, en particular en lo que respecta a la dignidad humana, los derechos de la infancia y su interés superior”.

En sus conclusiones, la CNDH también analizó la situación humanitaria. Determinó que

“durante dos días, miles de personas padecieron hambre y sed tras la decisión de las autoridades [de Ceuta ] de cerrar tiendas, cafés y restaurantes y de negar toda ayuda a quienes llegaban, en particular a niños, mujeres y personas vulnerables”. Según los testimonios, “las fuerzas de seguridad intervinieron para expulsar de los restaurantes a jóvenes que habían decidido ayudar a algunas de estas personas”.

En Ceuta, grupos extremistas atacaron a jóvenes y menores, “persiguiéndolos por las calles y sometiéndolos a diversas formas de acoso, incluyendo insultos, palizas y estigmatización”. En este contexto, la comisión de la CNDH observó “numerosas señales de palizas y cicatrices en los cuerpos de los jóvenes que regresaban”, además de “múltiples denuncias consistentes de malos tratos y agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad españolas”, incluso “en zonas no cubiertas por cámaras”.

Asimismo, la Comisión Regional de Derechos Humanos (CRDH) de Tánger – Tetuán – Alhucemas examinó un caso ampliamente difundido en redes sociales, que mostraba una amenaza proferida contra la persona afectada por un miembro de las fuerzas de seguridad. El informe de la comisión sobre este asunto fue remitido a la fiscalía para su posible procesamiento. La violencia denunciada provocó lesiones tanto a jóvenes como a miembros de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, la CNDH señaló los “casos en los que no se respetaron las normas y estándares que rigen el uso de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes durante los intentos de cruzar la frontera por parte de ciudadanos y extranjeros, en particular los principios de necesidad y proporcionalidad”.

Estos hallazgos corroboran las observaciones de los últimos años sobre la proliferación de contenido en línea que “promueve abiertamente ‘servicios’ ilícitos vinculados a la migración irregular por mar”. En este caso, la institución advirtió sobre los efectos de “la explotación política de estos cruces masivos”, al tiempo que condenaba “el auge de la retórica xenófoba y la incitación al odio y al racismo contra los extranjeros y sus familias”.