El presidente de Vox, Santiago Abascal, mantiene viva la respuesta de su partido a la crisis migratoria de Ceuta y anunció este sábado que promoverá la activación del mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los miembros de su Ejecutivo por los «gravísimos hechos» relacionados con la «invasión» de Ceuta, al considerar que existen indicios que «justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado».

«La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales», escribió Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que defendió que «hay indicios y evidencias más que suficientes» para activar el procedimiento, «entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta».

En concreto, Vox propone activar el procedimiento previsto en dicho artículo, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Este procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. Esto significa que es necesario que 88 parlamentarios propongan poner en marcha esa investigación. Vox, sin embargo, solo cuenta con 32 escaños, por lo que el partido ha querido este sábado transmitir que sus diputados están «a disposición de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional», en velada alusión a la posición que tome el Grupo Parlamentario Popular.

El partido ha recordado en un comunicado ese sábado que el Título XXIII del Código Penal tipifica los delitos de traición y los delitos contra la paz, la independencia y la seguridad del Estado. Asimismo, reclama la «inmediata desclasificación y entrega al Congreso» de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta, así como la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos responsables de la seguridad nacional, tanto civil como militar.

«Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado», ha sostenido la formación, que defiende que, por la «excepcional gravedad» de lo ocurrido, corresponde utilizar «todos los mecanismos» previstos en el ordenamiento constitucional para depurar las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse, según recoge Europa Press.

En esta línea, Vox ha insistido en que lo sucedido en Ceuta «no constituye un fenómeno migratorio convencional», sino «un episodio de guerra híbrida contra España», caracterizado, a su juicio, por «la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional».