Una auténtica autopista criminal funcionaba en el Mediterráneo en dos direcciones: ‘narcolanchas’ transportaban droga desde España hacia Argelia y regresaban con inmigrantes hasta Alicante y otras costas españolas.

La trama, considerada una de las mayores de su tipo, habría introducido a más de 2.000 personas de manera irregular y generado más de 24 millones de euros.

El operativo se ha saldado con el arresto de 78 presuntos miembros del entramado, 11 de ellos en Alicante, de los cuales 27 han ingresado en prisión provisional, según han confirmado fuentes policiales.

La investigación, liderada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha permitido documentar al menos 64 episodios de inmigración irregular por vía marítima vinculados al entramado desde 2023, cuando comenzaron las pesquisas.

La organización había diseñado un negocio de doble recorrido para exprimir al máximo sus embarcaciones de alta velocidad. Las lanchas salían desde España cargadas principalmente con drogas sintéticas como MDMA con destino a Argelia y, una vez entregado el cargamento, emprendían el viaje de regreso transportando migrantes hacia Alicante, Almería, Murcia, Cartagena e Ibiza.

La operación ha contado con la colaboración de Europol y con la participación de fuerzas policiales de Francia, Portugal y Polonia.

La provincia de Alicante aparece como uno de los principales puntos de actuación de la organización y también de la operación policial. De los 78 arrestados, 11 han sido detenidos en Alicante, mientras que otros 36 arrestos se han producido en Almería y 13 en Murcia.

También hay seis detenidos en Ibiza, dos en Cartagena, dos en Palma de Mallorca, dos en Palencia y uno respectivamente en Huelva, Córdoba, A Coruña, Sevilla y Lugo. La operación se completa con otro arresto efectuado en Argelia.

Los investigadores han practicado además 17 registros en inmuebles situados en Almería, Murcia, Cartagena y Alicante, aunque no se ha concretado cuántos de ellos corresponden a la provincia alicantina.

Entre los detenidos se encuentran cuatro de los principales responsables de la organización, considerados Objetivos de Alto Valor, además del denominado «hawalader», responsable de parte de la infraestructura económica utilizada por la trama.

El tráfico marítimo de personas proporcionaba a la organización beneficios millonarios. Según la investigación, los responsables de la red podían llegar a cobrar hasta 12.000 euros por cada migrante trasladado desde Argelia hasta España.

Algunas de las lanchas transportaban hasta 50 personas en una misma travesía, lo que permitía obtener enormes cantidades de dinero en apenas un viaje.

Los investigadores atribuyen a la organización al menos 64 operaciones migratorias y la introducción irregular de más de 2.000 migrantes en España, con unos beneficios que superarían los 24 millones de euros.

A este negocio se sumaban las ganancias procedentes del tráfico de drogas hacia el norte de África y del denominado «petaqueo», consistente en el abastecimiento clandestino de combustible a embarcaciones de alta velocidad.

La capacidad logística de la organización era uno de sus principales activos. Durante la investigación han sido intervenidas 18 embarcaciones de alta velocidad valoradas conjuntamente en más de cinco millones de euros.

Las ‘narcolanchas’ disponían de tres o cuatro motores, superaban los ocho metros de eslora y algunas alcanzaban los 14 metros de longitud.

La trama contaba además con vehículos utilizados para transporte y vigilancia, pisos de seguridad, teléfonos y antenas satelitales, sistemas de comunicación cifrada y dispositivos GPS, además de una extensa red logística repartida por diferentes países.

Su estructura estaba dividida en distintos escalones. En la cúspide se encontraba un máximo responsable encargado de la planificación, financiación y supervisión de las operaciones. Por debajo actuaban pilotos, transportistas y responsables de los medios operativos, mientras que otro nivel estaba formado por captadores, vigilantes, suministradores de combustible, gestores financieros y testaferros.

Las travesías desde Argelia hasta Alicante y otras zonas del litoral español se realizaban en condiciones de extremo peligro para las personas transportadas.

Los migrantes viajaban hacinados en las embarcaciones, a gran velocidad y, en ocasiones, con fuerte oleaje. La mayoría realizaba el trayecto sin chalecos salvavidas y sin iluminación durante la navegación nocturna.

La investigación ha constatado incluso casos en los que los ocupantes eran atados para impedir que cayesen al agua durante la travesía.

Antes de embarcar, muchos habían recorrido largas distancias atravesando diferentes países africanos hasta alcanzar la costa argelina. Allí eran alojados en infraviviendas en condiciones de hacinamiento e insalubridad mientras aguardaban su salida hacia España.

Los registros desarrollados durante la operación han permitido intervenir 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, 500 gramos de cocaína y 40 gramos de metanfetamina.

Los agentes también han encontrado un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales y dispositivos de geolocalización.

Además, las autoridades han bloqueado preventivamente cuentas bancarias, viviendas y vehículos vinculados a algunos de los principales responsables de la organización criminal.

La investigación también ha destapado el férreo sistema de control impuesto por la trama. Los uniformados han detectado amenazas, coacciones y episodios de violencia contra miembros de la propia organización y contra los migrantes que permanecían bajo su control.

Las pesquisas recogen referencias a agresiones, secuestros, ajustes de cuentas y amenazas de muerte. Los responsables habrían mantenido incluso contactos con entornos relacionados con la denominada «Mocro Maffia» y el «milieu marsellés», desde los que se habrían impartido directrices.

El nivel de violencia alcanzaba también a la protección de las lanchas rápidas, uno de los bienes más valiosos de la organización. Según los investigadores, los pilotos llegaron a ser aleccionados para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de evitar que las embarcaciones fueran interceptadas.

A los arrestados se les atribuyen, en diferente grado de participación, delitos relacionados con organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, contrabando, blanqueo de capitales, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales y robos con fuerza, entre otras actividades ilícitas.