“¿Ves? Hay que salvar a la Presidenta, hay que salvar a la Jefa y hay que trasladar esto a Madrid”. El auto judicial que ha dejado a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, a un paso del banquillo desvela la operación desplegada en enero de 2024 para tratar de sostener el discurso xenófobo de Isabel Díaz Ayuso, en el que vinculó inmigración y agresiones sexuales.

Todo ello, presuntamente, mediante la filtración de un informe policial que sirvió para que el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, criminalizara en redes a los migrantes, asegurando que las personas acogidas en el CAED de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”.

En un auto fechado el pasado 31 de julio, aunque difundido este jueves, la jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares (Madrid) ha propuesto juzgar a la alcaldesa del municipio, así como al director de Comunicación del consistorio, Raúl Castillo, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Público, antes de que se produjeran los hechos que enmarcaron la presunta comisión de este delito, la alcaldesa ya conocía que se habían producido dos agresiones sexuales el 11 de diciembre de 2023 y que se estaban investigando, aunque estas “no se podría atribuir a ningún migrante del CAED”.

Así lo transmitió ese mismo día el jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Rubén Jiménez Rodríguez, a la propia alcaldesa y a la concejala de Seguridad, Orlena María de Miguel.

Más de un mes después, el 17 de enero de 2024, tras la celebración de un Consejo Extraordinario de Gobierno en Alcalá de Henares, Ayuso lanzó un discurso xenófobo para atacar al Gobierno central, al vincular sin pruebas inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna que se habría producido en Alcalá de Henares por las personas acogidas en dicho centro.

Ante su afirmación de que se estaban investigando agresiones sexuales cometidas en Alcalá de Henares por parte de migrantes del CAED, la Delegación del Gobierno salió a desmentir a la presidenta públicamente.

Según el auto, a las 14.17 horas del mismo día, Piquet llamó al jefe de la Policía Local para preguntarle por las dos agresiones sexuales denunciadas el 11 de diciembre y le pidió que le facilitara la documentación disponible antes de la Junta Local de Seguridad prevista para esa tarde.

Remitió la fotografía a Alfonso Serrano
Sobre las 16.52 horas, cuando el agente se dirigía a hablar con la concejala de seguridad, se encontró con Piquet, quien “le pidió la documentación requerida, recibiendo de manos del Sr. Jiménez el informe de incidencia nº 19966/2023”. Asimismo, “al leer el documento entregado, la investigada contestó que le valía y, seguidamente, con el teléfono móvil que tenía en la mano, hizo una fotografía del propio documento”.

Reunida con Raúl Castillo, la alcaldesa le mostró dicho documento, en el que se recogía que el presunto agresor era un “joven de raza negra vestido de negro y cambio de sudadera a verde con mochila negra”. Fue en ese momento cuando la alcaldesa instó a Castillo a elevar esta cuestión “a Madrid” para “salvar” a Ayuso.

El documento fue leído por este y, según advirtió el jefe de la Policía Local, “el Sr. Castillo se sacó el teléfono móvil y realizó una fotografía del documento, que después devolvió al Sr. Jiménez, que lo guardó en carpeta y se lo llevó”. Un día después, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, publicó en su cuenta de la red social X la fotografía del informe “tomada por los investigados”.

Asimismo, el auto recoge que aquel mismo día, tras tener conocimiento de la publicación de la fotografía del informe policial, el agente de Policía “mantuvo una conversación por whatsapp con la concejala de Seguridad”, en la que le envió la publicación en X con dos signos de interrogación pidiendo explicaciones.

El propio Alfonso Serrano, en su declaración como testigo en esta causa –en la que el PSOE ejerce la acusación popular–, aseguró que la imagen le llegó “desde un correo electrónico desconocido”. Si bien, la Fiscalía sostiene que fue la alcaldesa quien remitió la fotografía del informe policial directamente a Serrano o bien a través del director de Comunicaciones del Ayuntamiento. Los dos, ahora, están a un paso del banquillo por la supuesta filtración para “salvar” a la presidenta madrileña.