España puede exigir a Marruecos que, una vez estudiada de forma individualizada cada circunstancia, se haga cargo de parte de los menores no acompañados que la semana pasada cruzaron las fronteras en Ceuta y Melilla y que a día de hoy permanecen en el interior de sendas ciudades autónomas. Así lo establece el acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007. De hecho, según fuentes de la dirección general de Infancia de Canarias, con mucho bagaje en la cuestión, es imprescindible que, tras la comunicación de las autoridades españolas a las marroquíes la localización de un menor de ese país, las alauitas tienen la obligación de colaborar en su identificación.

Aunque en términos generales, y en virtud de la protección internacional de los derechos del menor, España no puede rechazar de forma automática ni devolver sin más a inmigrantes hasta 18 años no acompañados que ya han llegado a territorio español, el acuerdo recoge que «las autoridades competentes españolas, de oficio o a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño».

Es decir, que en contra del discurso oficial que se promueve desde el Gobierno, tratando de vender obligación intrínseca de acogida del más del millar de menores que han cruzado ilegalmente en los sistemas de tutela autonómicos de las comunidades autónomas, el citado acuerdo de cooperación firmado bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero permite que el Estado exija a Marruecos estudiar individualmente cada caso por si es posible la reunificación familiar en origen. Aquí, según los expertos, cabe diferenciar entre los menores procedentes de Senegal, Malí o Sudán, que son los mínimos, de la mayoría de los niños marroquíes. Los primeros escapan de conflictos bélicos en sus respectivos países mientras que en el caso de los segundos, con alguna excepción, gran parte de ellos tienen contacto con sus familias que pueden llegar a residir a escasos kilómetros de la frontera.

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Joan Guirado
Esa diferenciación es clave a la hora de implementar este acuerdo. Los procedentes de los países en guerra llevan meses atravesando África hasta llegar a la frontera con Europa, en ocasiones sin ningún tipo de contacto con sus progenitores, lo que hace muy difícil su localización. Además la razón de su huida les hace potenciales beneficiarios de la protección internacional y asilo. En el caso de los marroquíes los propios teléfonos que llevan los menores que han cruzado, les permiten estar en contacto con sus familias. Además, la cercanía con su país también permite localizar fácilmente a sus progenitores. La cooperación de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, que en pocos minutos pueden localizar a algún familiar de ese menor, es trascendental para que en un plazo razonable de unos días o semanas, asegurados los derechos del niño, puedan ser devueltos a su domicilio.

El acuerdo entre los dos países es muy claro en este sentido: «Las partes contratantes del presente acuerdo colaborarán, en el marco de la preservación del interés superior de los menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela». Además insiste en que «las autoridades competentes españolas y marroquíes cooperarán en el establecimiento de un dispositivo de acogida dotado con recursos materiales y humanos cualificados, tanto públicos como privados o que procedan de ONGs que trabajan en el ámbito de la protección y de la repatriación de menores». Una cooperación que, lejos de las buenas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Exteriores e Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande – Marlaska, repitiendo al unísono la inexistente colaboración marroquí.

Desde el Partido Popular, su vicesecretaria de Coordinación Sectorial y eurodiputada, Alma Ezcurra, exige al Gobierno que aplique el artículo 5 de este acuerdo para «su protección y vuelta concertada» a su país. De momento el Ejecutivo no ha hecho ningún movimiento para dar recorrido a esta posibilidad, que aliviaría la presión migratoria que hay en Ceuta a día de hoy y aligeraría el traslado de los menores que deban ser reubicados en la península.