La instrucción se trasladó por escrito a los mandos policiales de Ceuta hace una semana. «En el estricto cumplimiento de la normativa en vigor, queda fuera de nuestro ámbito de aplicación la conducción forzada de ningún ciudadano extranjero, salvo que esta esté motivada por la comisión de un delito», reza el escrito al que ha tenido acceso ABC. La indicación la firmó el superintendente de la policía local de Ceuta, quien se la trasladó a los jefes de zona vía correo electrónico, y esta a su vez empezó a circular en los chats internos del cuerpo en la ciudad autónoma.

Fuentes de la Guardia Civil y el Ejército revelan a este diario que los mandos desplegados en la frontera habían recibido una «orden idéntica» de «no actuar» y permanecer en la zona como fuerza de contención y para lograr un efecto disuasorio.

«En ningún caso se les conminará a abandonar la ciudad empleando para ello la fuerza o el material de contención», continuaba la indicación del mando policial. «A quienes deambulen por la ciudad se les preguntará si tienen intención de abandonar Ceuta y se les indicará el camino a la Frontera». Y en casos señalados —mujeres, personas vulnerables y grupos numerosos— «se les podrá acompañar».

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Carlos Mullor
Una «invitación a marcharse» que ha indignado a las fuentes de las diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en conversación con ABC, denuncian que se ha permitido una «violación» del territorio y espacio de soberanía por una orden política que atribuyen a la delegación del Gobierno y los ministerios de Interior y Defensa.

Una fuente militar aseguró a este diario desde la ciudad autónoma, un día después de los hechos, que «no tenían orden de nada», que se tenían que limitar a labores de mantenimiento del orden y apoyo a las fuerzas policiales. Otros miembros de las fuerzas militares relataron a ABC cómo los soldados presentes en la ciudad estuvieron sobre aviso desde el mismo jueves 30, por la mañana, pero que el Gobierno no dio la orden de despliegue hasta última hora de la tarde de aquella jornada.

Evitar la imputación
El objetivo de esta instrucción era evitar la imputación del actual delegado del Gobierno en Ceuta por devolver en caliente a su país a menores de procedencia marroquí, como ocurrió en 2021, cuando la entonces delegada, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de la la ciudad autónoma, Mabel Deu, fueron imputadas y condenadas en 2025 por las devoluciones de menores tras el asalto masivo, ordenadas desde Interior vía correo electrónico. La orden la trasladó el exsecretario de seguridad de Interior Rafael Pérez en un email oficial que fue presentado al juzgado por la defensa de las dos responsables políticas, pero el número dos de Marlaska negó haber trasladado esa orden en sede judicial.

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En este caso, la orden es radicalmente contraria a la que recibió la delegación del Gobierno —no actuar— «para evitar la imputación del actual delegado del Gobierno», según las diversas fuentes consultadas. Entre ellas se encuentran voces autorizadas del PSOE, quienes recuerdan que fue la actual presidenta del partido en Ceuta, entonces concejal del área de juventud, Antonia Palomo, quien instigó la denuncia contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y Mabel Deu, la «delfín» del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por la repatriación exprés de 55 menores a Marruecos en el año 2021, atendiendo a la legislación vigente migratoria del año 2007. «Ahora Antonia Palomo ya se ha olvidado de los derechos de los menores», recuerdan ante la permanencia de menores en Ceuta desde la entrada masiva de, por lo menos, 70.000 personas.

Fuentes consultadas cifran en 2.000 los ciudadanos marroquíes en situación irregular aún en la ciudad

Las fuentes policiales y militares consultadas por ABC cifran en cerca de 2.000 los ciudadanos marroquíes en situación irregular que aún permanecen en la ciudad autónoma. Y alertan de problemas de orden público así como de próximas entradas a lo largo del verano, como figura en las previsiones de la Guardia Civil para mediados del mes de agosto. «Lo peor está por llegar», advierten estas fuentes ante la existencia de grupos de decenas de personas en situación irregular que circulan por la ciudad. «Van en grupos de diez, se bañan con jabón en las duchas de playa y no tienen dinero ni comida», relatan las citadas fuentes con la resignación que conlleva su incapacidad para actuar contra ellos hasta que se produzca un hecho delictivo.

Estas instrucciones desveladas ahora arrojan nueva luz sobre esta inédita crisis, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de no tratarla como un asunto de seguridad nacional, describió como una «violación de la integridad territorial» de España, aunque no informó de quién era el que la efectuaba, y de las muchas incógnitas que se mantienen abiertas una semana después. Cómo, por ejemplo, los distintos cuerpos de seguridad e Inteligencia de Madrid y Marruecos que o bien no percibieron la amenaza, con una masiva congregación cerca de la frontera y una masiva convocatoria por redes sociales, o bien no fueron escuchados por las autoridades competentes.

Lo cierto es que, pese a que el Gobierno ha negado por activa y por pasiva, sobre todo el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no recibió alerta alguna previa sobre este inédito asalto, cuyos efectos, a pesar de que la mayoría de personas que accedieron irregularmente a nuestro país regresaron por su propio pie al otro lado de la frontera, todavía son visibles y notorios en Ceuta y se esperan que coleen durante meses, diversas informaciones apuntan a lo contrario. Desde la Guardia Civil y del Gobierno de Ceuta se ha repetido que en los días anteriores se avisó de la gravedad de los hechos, y del incremento de las entradas a nado en la ciudad y que ello podría provocar una grave situación; desde el Gobierno y su Delegación se agarran a que estos avisos jamás alertaron de la magnitud de un evento como el que finalmente se produjo.