El PP remarcó ayer que cumplirá la ley y, por tanto, el real decreto que establece el traslado de menores migrantes no acompañados si, como es el caso de Ceuta, el lugar de llegada está en una situación de contingencia migratoria. «La legislación vigente se cumplirá, en esta ocasión también», destacó ayer desde Málaga el vicesecretario de política autonómica, Elías Bendodo, que aseguró, no obstante, que el Ejecutivo central es el culpable de las consecuencias de la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. «El Gobierno es el que tiene que resolver esta situación. Que no eche la pelota a las comunidades».

Bendodo remarcó que su intención de acatar el real decreto es igual de válida en las comunidades en las que los populares pactaron gobiernos con Vox o en las que este último partido ejerce como llave presupuestaria. «En los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox, se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración irregular», añadió.

«Desde el PP lo que decimos es que todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse», añadió Bendodo. Otro dirigente popular, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, recalcó ayer, según recoge Efe, que comprende a sus compañeros pero que «habrá que hacer un gesto de solidaridad […] hay un decreto que hay que cumplir».

Bendodo responde así, en parte, a las palabras de Manuel Gavira, vicepresidente segundo de Andalucía y líder de Vox en esta comunidad, que aseguró en X que la Junta se iba a oponer al traslado de migrantes. «Así lo pactamos», destacó. Se refiere al punto 12 del acuerdo, que refleja que el Gobierno autonómico «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».

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Por otro lado, el PP prosigue con su intención de abordar este mismo agosto, mes inhábil a nivel parlamentario, la crisis migratoria de Ceuta en las Cortes Generales. La Mesa del Senado —los populares tienen mayoría— se reunirá hoy para habilitar este mes la Cámara Alta y convocar cuatro comisiones parlamentarias en las que pedirá la comparecencia de cuatro ministros, además del presidente, Pedro Sánchez: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores) y Félix Bolaños (Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes). Del mismo modo, los populares solicitaron la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para instar a los mismos ministros a dar explicaciones.

Mientras, en Ceuta, el Gobierno de la ciudad autónoma estima que entre 3.000 y 5.000 migrantes permanecen en las calles de esta urbe. El Ejecutivo central anunció que atenderá las necesidades básicas de estas personas. La ministra portavoz y titular de Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el pasado lunes se repartieron 2.200 kits de comida, ampliados días más tarde a 2.500. «Se puede atender a todo el mundo que lo necesite porque es la señal de identidad de nuestro sistema de acogida y hay que trabajar conjuntamente todas las administraciones ya que no conviene delimitar los ámbitos competenciales», aseguró ayer, según recoge Efe, la ministra portavoz.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró que un centenar de agentes de la Guardia Civil seguirán desplegados en la ciudad caballa para trabajar en coordinación de la Policía Nacional y aumentar la presencia policial en los barrios periféricos de Ceuta, a los que mayoritariamente han ido a parar las personas migrantes que accedieron a este territorio los días 30 y 31 de julio.

Pérez Triano añadió que el Ejecutivo habilitó ayer una oficina para tramitar las denuncias por desaparición. Hasta el momento, el organismo tramitó 32 denuncias con una base sólida, según explicó el delegado del Gobierno.