El Gobierno navarro mostró ayer su disposición a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta tras la entrada masiva de la pasada semana. El de Lakua, por contra, insta al Ejecutivo español a intentar que vuelvan con sus familias.

Se desconoce cuántos menores pueden estar en Ceuta. Los que había antes en el centro de internamiento y los que han sido acogidos desde la entrada masiva totalizan unos 900, pero podría haber además otros centenares escondidos de la Policía y el Ejército en zonas alejadas de la ciudad, para evitar así una devolución a sus familias. Según lo captado por imágenes de televisión, algunos apenas superan los 10-12 años.

El Gobierno navarro, en su sintonía habitual con el Ejecutivo estatal del mismo signo político, confirmó ya su disposición a acoger e instó además al resto de autonomías a hacer otro tanto. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, así se lo trasladó al consejero competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

«Frente a la negativa expresada por algunos gobiernos autonómicos a participar en la acogida de estos menores, el Ejecutivo foral reitera su compromiso con una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas», afirmó el Gobierno en una nota. También señaló que desde el año pasado existe un mecanismo de reparto obligatorio basado en principios de equidad, solidaridad y protección del interés superior del menor.

«Ninguna administración puede situarse al margen de la ley ni eludir las responsabilidades que derivan de ella. Además, la solidaridad entre territorios no puede ser una opción que dependa de la voluntad política de cada gobierno», dijo además Maeztu en alusión a los mensajes del PP.

«Todas las CCAA tenemos el deber legal y ético de contribuir a una respuesta compartida. Navarra cumplirá con sus obligaciones y espera que el resto de comunidades hagan lo mismo, porque el Estado de Derecho y la protección de la infancia exigen responsabilidad, cooperación y lealtad institucional», añadió la consejera: «Lo hicimos con Canarias y lo seguiremos haciendo con Ceuta».

MELGOSA
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Lakua, Nerea Melgosa, defendió por contra que «la primera obligación del Estado no es repartir» a estos menores sino «agotar las vías administrativas para que vuelvan con sus familias».

«No nos parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a estos menores fuera de su familia y de su entorno a mil de kilómetros de distancia», señaló la consejera del Gobierno Pradales, para quien «se debería acreditar clara y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias» y así lograr «una reunificación cuando sea posible».

Preguntada por la disposición de la CAV a acoger a algunos de estos menores procedentes de Ceuta, la consejera argumentó que este territorio ya acoge «a más numero de menores de lo que tendría que tener» y advirtió de que cualquier derivación de menores debe acordarse con las instituciones vascas.

Reclamó, en este sentido, una relación «leal y planificada y con respeto competencial: no puede haber decisiones unilaterales, ni hechos consumados sin tener en cuenta a las instituciones competentes».

El Gobierno de Lakua «lleva años demostrando con hechos su compromiso» con la protección a la infancia y con una «política migratoria ordenada, segura y regular», añadió Melgosa, que vovió a pedir al Ejecutivo estatal un plan estructural de migración y no solo medidas centradas en los menores no acompañados.