El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para impedir la entrada en el país de personas extranjeras para dar a luz y que sus hijos así como, posiblemente, esas mismas personas adquieran la nacionalidad estadounidense por nacer en el país norteamericano, lo que ha descrito como «turismo de maternidad», en una medida que llega poco más de un mes después de que el Tribunal Supremo anulara una directiva previa en el mismo sentido.

«La ciudadanía no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración, como por ejemplo, ingresando a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz dentro de las fronteras de la Nación», argumenta el texto de la orden, difundida por la Casa Blanca.

En la misma, la Administración Trump denuncia la supuesta existencia de «operadores de turismo de maternidad» que emplearían «publicidad engañosa e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros a viajar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense».

Para ello, explotarían «visas temporales de no inmigrante (…)para estudios, intercambios, empleo temporal, turismo y otras actividades transitorias» y, de este modo, «establecerse permanentemente en Estados Unidos, asegurando así la ventaja de la ciudadanía para sus hijos y, potencialmente, para ellos mismos».

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«El turismo de maternidad (…) socava la integridad del sistema de inmigración de la nación al permitir que ciudadanos extranjeros exploten su admisión temporal para obtener beneficios migratorios permanentes», reza el documento. Bajo esta coyuntura, el magnate republicano ha defendido una política basada en «promover la integridad de su sistema de inmigración, garantizar que las clasificaciones de visa de no inmigrante se utilicen únicamente para sus propósitos legales y previstos, y prevenir la explotación de dichas clasificaciones por parte de personas que se dedican al turismo de maternidad».

Para ello, ha definido este concepto como, o bien «la entrada de cualquier ciudadano extranjero a Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense», o bien «cualquier esfuerzo de un ciudadano extranjero para facilitar la entrada de cualquier otro ciudadano extranjero a los Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense».

Ante estas circunstancias, ha delegado la aplicación de la orden en los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Seguridad Nacional, Todd Blanche, quienes «adoptarán las medidas necesarias y actualizarán las normas, políticas, directrices operativas u otras directrices que sean pertinentes para hacer efectiva la política establecida».

Estas medidas abarcan un amplio abanico de opciones: desde la prohibición de entrada a quien intente acceder al país con estos fines, hasta la revocación de visado y prohibición permanente de entrada en Estados Unidos, pasando por la expulsión de «cualquier extranjero que haya participado» en un proceso así, e incluyendo medidas «apropiadas contra entidades, organizaciones o individuos, dentro o fuera de Estados Unidos, responsables de facilitar o permitir el turismo de maternidad».

«Sin perjuicio de las restricciones impuestas por esta orden, el secretario de Estado o el secretario de Seguridad Nacional podrán eximir a un ciudadano extranjero de las medidas adoptadas en virtud de esta orden por razones humanitarias o cuando su entrada sea de interés nacional, según lo determinen», apunta la orden en un capítulo de exenciones.

El inquilino de la Casa Blanca intenta así restringir el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en Estados Unidos donde predomina el principio de jus solis frente al más común en Europa jus sanguinis, algo más de un mes después de que el Tribunal Supremo anulara su directiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida emitida en el primer día de su segundo mandato, alegando que esta violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Aquella directiva buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que estén en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales, lo que, de llevarse a cabo, podría afectar a unos 250.000 bebés nacidos en el país cada año, de acuerdo a los datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania.