El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha pedido a las instituciones comunitarias que aprueben la llamada directiva de facilitación, presentada por la Comisión en 2023 y que permitiría a los Estados miembros sancionar a personas que colaboren con la migración irregular en la UE.

“Se trata de desmantelar las redes de tráfico ilícito. Y en este sentido cuento realmente con el Parlamento (Europeo) y le insto a que adopte su posición respecto a la directiva contra el tráfico ilícito propuesta por la Comisión hace casi tres años”, ha dicho Brunner este jueves en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, reunida de forma extraordinaria por videoconferencia para tratar la situación en Ceuta.

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Esta directiva, criticada por organizaciones proinmigración, se encuentra a la espera de la posición negociadora del Parlamento Europeo, después de que el Consejo de la UE la representación de los países ya la estableciera en diciembre de 2024. La propuesta de normativa define la facilitación de la entrada, tránsito o estancia irregular como delito cuando se comete a cambio de un beneficio financiero o material.

Brunner sostiene que lo sucedido en la ciudad autónoma de Ceuta, donde la pasada semana entraron más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos, es “una prueba fehaciente” de la necesidad de “una herramienta sólida y eficaz para combatir el tráfico ilícito de personas”.

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La Comisión Europea considera que detrás de la entrada masiva de migrantes a Ceuta están las “mafias” y grupos dedicados al tráfico ilícito de personas, lo que precisa “reforzar las alianzas” contra este fenómeno.

“También deberíamos reforzar la aplicación práctica de nuestras alianzas contra el tráfico ilícito a lo largo de las rutas migratorias y garantizar que el centro de Europol contra el tráfico ilícito se convierta en un auténtico centro de excelencia”, añadió el comisario europeo. Y señaló que la UE debe “salvar vidas deteniendo a los traficantes que las ponen en peligro sin piedad ni escrúpulos con el único fin de obtener beneficios”.

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Por eso ha insistido en que es “realmente clave” que la Eurocámara fije su posición negociadora para iniciar las conversaciones que fructifiquen en la redacción de un texto legal.

Esta propuesta de directiva ha sido criticada por organizaciones proinmigración como PICUM, que sostiene que esta normativa “no aborda en absoluto estas causas de fondo”. “Las redes de tráfico de personas prosperan allí donde las personas no disponen de una forma segura o realista de buscar protección o reconstruir sus vidas en Europa. Cuanto más difícil resulta para las personas migrar de forma segura y regular, más margen tienen las redes de tráfico ilegal para explotar su vulnerabilidad”, explica Chiara Catelli, representante de PICUM.