Seguimos sin dar crédito a la entrada masiva de ciudadanos marroquíes en Ceuta, movilizados por falsas promesas de libertad, y a la posibilidad de que se pueda volver a repetir un hecho que golpea especialmente a una ciudad española con una larga y ejemplar historia de convivencia pacífica de culturas. Los ceutíes se vieron invadidos, indefensos y abandonados ante una oleada que puso a prueba la capacidad de proteger nuestras fronteras.

Un Estado tiene el derecho y la obligación de proteger su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Los momentos de tensión, miedo y sentimiento de traición vividos marcaron días y noches interminables.

También para los inmigrantes supone un drama. En especial para quienes, al regresar a su lugar de origen, sufrieron malos tratos de quienes deberían velar por su seguridad.

España ha vivido uno de los mayores episodios de presión migratoria de las últimas décadas en un país desarrollado.

Lo que más conmueve son los niños que cruzaron solos, desprotegidos, convencidos de un ilusorio futuro mejor. ¿Cómo van a estar mejor sin un lugar seguro y lejos de su madre y de su familia? Cuesta creer que un menor tome libremente una decisión tan dura y arriesgada. Conmueve también ver a efectivos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado abrazándolos y ofreciéndoles lo que mejor define a España: nuestra solidaridad. Porque sabemos que no son cifras ni mercancía, sino personas usadas como instrumento de presión política entre Estados.

Ceuta ha vuelto a demostrar la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, los sanitarios, los servicios de emergencia y de tantos ciudadanos que, en medio del desconcierto, eligieron ayudar.

Ojalá esa solidaridad se vea respaldada por la responsabilidad de quienes deben prevenir estas crisis y de quienes alimentan falsas esperanzas con intereses poco humanitarios. Porque vive un auténtico drama todo niño que cruza solo una frontera. Porque ningún ser humano ha de convertirse en una pieza de un tablero político.