La decisión de la Audiencia Nacional de indagar en los motivos que desencadenaron la entrada irregular de 72.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio tiene al Ministerio del Interior en vilo. La jueza María Tardón ha pedido informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para averiguar quién está detrás de la movilización masiva, cómo se organizó y si hubo avisos previos de lo que podía suceder.

Este último punto es el que más preocupa a Interior. El ministro Fernando Grande – Marlaska ha reiterado en público que su departamento no tenía información de que un fenómeno de la magnitud del ocurrido en la ciudad autónoma podía pasar. Ni Policía, ni Guardia Civil, ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni ningún servicio secreto extranjero sabía lo que se estaba gestando, según Marlaska. Sin embargo, los espías españoles defienden que se avisó con «tiempo suficiente» e incluso localizaron el principal chat que incitó a entrar a Ceuta a nado ocho días antes.

Los expertos de la Comisaría General de Extranjería, de la Policía Nacional, serán los encargados de analizar si detrás de la entrada masiva se encontraban las mafias de personas que, alentadas por la sentencia del Tribunal Supremo que impide devolver en el momento a quienes entren por mar, empujaron a los extranjeros hacia territorio español, que es la tesis del Gobierno. Al frente de esta investigación está el «número dos» de Extranjería, el comisario Alfredo García Miravete, que ya hizo un primer informe sobre la regularización de extranjeros que no gustó en la cúpula de la Policía, aunque acertó en el número de solicitantes.

En el caso del Instituto Armado, la jueza quiere saber «si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento». Asimismo, reclama a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que detalle el «dispositivo desarrollado por los distintos efectivos» del Instituto Armado desplegados en el Ceuta a raíz de la «entrada irregular masiva» de migrantes procedentes de Marruecos.

Tardón, además, quiere que la Guardia Civil precise «las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte». Los últimos datos oficiales indican que ha habido al menos 79 muertos en territorio español, pero sumando los fallecidos en el lado marroquí, la cifra se eleva a 141.

Desde Interior tratan de minimizar los efectos de los informes. Las fuentes policiales, de ambos lados, sospechan que el equipo de Marlaska intentará conseguir la información antes de que llegue al juzgado central de la Audiencia Nacional –como ya ocurrió en 2020 con el informe sobre la celebración del 8 de marzo y la propagación del Covid– y modificar sus contenidos si no cuadran con la versión lanzada por el Gobierno.

Los agentes trabajan contrarreloj para que la jueza Tardón tenga lo antes posible el resultado de sus investigaciones sobre la mesa. Y al mismo tiempo vigilan las comunicaciones y movimientos al otro lado de la frontera por si la entrada masiva del 30 de julio pudiese repetirse en los próximos días de verano.