Hay que reconocerle a este Gobierno su habilidad para desviar la atención de los problemas que su incompetencia convierte en irresolubles creando polémicas que, generalmente, llevan al desgaste de una oposición que no está al nivel de las marrullerías del sanchismo. Sucede en estos dos últimos días con la situación de los menores no acompañados que se han quedado en Ceuta tras la invasión de inmigrantes irregulares, que se calculan en algo más de un millar, y que no pueden ser atendidos en los centros de la ciudad porque ya se encuentran saturados. El Ejecutivo, que fue incapaz de actuar en tiempo y forma pese a los avisos de que se estaba gestando una avalancha masiva, está movilizando todas sus terminales para acusar de insolidarias y poco menos que racistas a las comunidades gobernadas por el PP, varias en coalición con Vox, ante la más que razonable negativa a seguir acogiendo a los menores que vienen de Marruecos en un proceso sin solución de continuidad, es decir, al que no se le ve un final, y que presupone una supuesta obligación del Estado español para con la infancia y la adolescencia desfavorecida de nuestro vecino del sur, como si las autoridades de Rabat no tuvieran la mínima responsabilidad. No es cierto que no haya otra opción que la de seguir supliendo los deberes que el reino alauí parece incapaz de afrontar, con un gasto público creciente y unos servicios saturados que apenas cumplen correctamente su función de acogida, formación y preparación para la mayoría de edad de los afectados, pero que multiplican el efecto llamada, como pretende hacernos creer el Gobierno. Porque la polémica con el PP, también con el PNV y Junts, no es más que la utilización de unos adolescentes como cortinas de humo tras las que disimular la incapacidad gubernamental para llevar a cabo unas políticas migratorias que no pasen exclusivamente por la demagogia y el buenismo de salón. No sólo se dispone de un corpus legislativo que permite, por ejemplo, el retorno de los menores no acompañados a sus lugares de origen, bien sea al cuidado de sus familias, bien al de los sistemas de protección de la infancia marroquíes, sino que existe desde 2007 un Tratado bilateral entre Marruecos y España que establece que las partes «colaborarán en el marco de la preservación del interés superior de los menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, la condiciones de la reunificación familiar efectiva o su entrega a cargo de una institución de tutela». Tanto la Ley de Extranjería, su Reglamento y los acuerdos con Rabat permiten la repatriación de los menores, aunque eso signifique poner a las autoridades marroquíes ante su responsabilidad. Pero el Gobierno prefiere evitar situaciones incómodas con nuestro vecino del sur, aunque eso suponga convertir al Estado en una guardería infinita de la infancia africana, a la que se priva de su entorno familiar, cultural y social, y que seguirán pagando los ciudadanos.