El territorio de Gipuzkoa tutela actualmente a unos 180 niños y adolescentes extranjeros sin vínculos familiares, una cifra que se ha mantenido relativamente estable durante los dos últimos años, aunque con fluctuaciones constantes entre los 170 y los 200 menores en función de sus llegadas y salidas. Esta realidad ha llevado a la Diputación Foral a reconocer que, con esta presión, sus recursos se encuentran «tensionados» de forma «importante».

El territorio guipuzcoano se muestra a la espera de que el panorama se despeje. Mientras tanto, permanecen en las calles, plazas y playas de Ceuta el millar de adolescentes y niños no acompañados que no pueden ser devueltos a Marruecos ni verse obligados a cruzar de nuevo la frontera después de la avalancha de 72.000 personas, de las que 70.000 ya han regresado. España los debería trasladar a sus centros para menores pero para eso tiene que desactivarse primero el rechazo político de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a ofrecer más plazas. Los populares recalcaron ayer que acatarán la ley aunque agotarán todos los mecanismos jurídicos para no verse comprometidos por las cuotas entre territorios. De hecho, tanto Euskadi, Cataluña como Canarias se quedaron fuera de una propuesta de distribución de 2021 por entender que sus respectivos centros estaban ya completamente saturados.

La mayoría de los menores acogidos en Gipuzkoa procede del Magreb, en especial de Marruecos, y de los países del Sahel como Malí, Senegal, Guinea y Argelia. Según la Diputación, en este momento la mayoría expresa su voluntad de permanecer en el territorio guipuzcoano una vez concluya el proceso de tutela, lo que obliga a planificar no solo la acogida inmediata, sino también su integración social, educativa y laboral. Se trata de procesos individualizados centrados en el aprendizaje del idioma, inserción laboral, formación y acompañamiento socioeducativo. El objetivo, según apunta la institución foral, es que, estos niños adolescentes puedan rehacer su vida. Estos 180 niños y adolescentes forman parte de un colectivo de unas 900 personas menores de edad tuteladas en centros de la Diputación.

La situación de Gipuzkoa coincide con un momento de especial presión sobre el sistema estatal de protección de menores. La reciente crisis ceutí ha reabierto un intenso debate sobre la capacidad de acogida de las comunidades autónomas y la necesidad de reforzar los mecanismos de solidaridad territorial. Aunque la realidad guipuzcoana responde a una dinámica propia y relativamente estable desde hace dos años, el dramático episodio vivido en la frontera sur de la Unión Europea ha devuelto al primer plano una compleja problemática que afecta al conjunto del sistema de protección. Sobre todo porque Gipuzkoa es un territorio frontera norte especialmente vulnerable y la vecindad de Francia la sitúa como un enclave prioritario a la hora de ser considerado como un lugar de tránsito de los inmigrantes que desean continuar su periplo por la Unión Europea. El refuerzo de las fuerzas de Seguridad en la frontera francesa en Gipuzkoa y en Navarra constituye un botón de muestra elocuente de este sensible escenario.

En todo caso, la Diputación guipuzcoana reclama una política migratoria coordinada entre las distintas administraciones que permita compartir responsabilidades y garantizar recursos suficientes para atender a unos menores que, por encima de cualquier consideración, se encuentran bajo la protección de los poderes públicos. Su tesis es clara: la atención a estos jóvenes no puede depender exclusivamente del esfuerzo de los territorios que los acogen.

Mientras tanto, los recursos forales continúan adaptándose a una realidad cambiante que en este momento coloca a la red de centros en Gipuzkoa en el marco de una elevada exigencia, obligando a revisar continuamente la planificación de un sistema que debe ofrecer alojamiento, educación, atención sanitaria y acompañamiento a adolescentes que han llegado solos tras recorrer miles de kilómetros.

La planificación definitiva todavía no está cerrada. La Diputación estudia cómo reorganizar la red en función de la evolución de las llegadas y de la capacidad de adaptación de los recursos existentes. Por el momento no se ha concretado si será necesario abrir nuevos centros, ampliar las plazas disponibles o redistribuir los dispositivos actuales.

Hace un año, precisamente, el Gobierno central aprobó un real decreto que establecía la puesta en marcha de un plan de contingencia ante la petición de emergencia formulada por Ceuta, Melilla y Canarias para que las otras comunidades autónomas activasen un mecanismo de solidaridad interterritorial ante el colapso en sus centros de menores. El plan fijaba un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.