La crisis de soberanía provocada por la invasión magrebí de Ceuta, cuyas proporciones asombran incluso una semana después de los hechos, tiene desde comienzos de agosto su correspondiente reverberación en Andalucía. El trayecto (en barco) entre Algeciras – capital del Campo de Gibraltar – y la ciudad española del otro lado del Estrecho no alcanza ni las veinte millas náuticas. En términos terrestres esta distancia ronda los treinta kilómetros.

La separación entre ambos continentes, frontera entre dos civilizaciones y dos religiones, se salva en una hora. Todos los días una veintena de barcos surcan en ambos sentidos las aguas del Mediterráneo, uniendo la Península con la urbe norteafricana, incorporada en 1580 a la Monarquía Hispánica.

Los vínculos culturales entre Ceuta y Andalucía son seculares. Anteriores a la designación de la primera como ciudad autónoma y a la proclamación de la segunda como autonomía. Están unidas por el comercio, la población y una interdependencia de orden práctico que abarca desde la universidad a la organización judicial. Ceuta es una suerte de novena provincia.

Los ceutíes reciben de Andalucía el apoyo y la asistencia que, en términos históricos, les ha venido negando Marruecos, que discute desde hace años la soberanía de los dos históricos enclaves españoles en África.

También son comunes los quebrantos, especialmente la inmigración. Horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la alarma provocada en las cancillerías europeas por los incidentes de Ceuta, afirmase que “no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía” llegaban al Campo de Gibraltar una veintena de inmigrantes procedentes del África española.

Los hechos desmentían al ministro – los irregulares lo son por no someterse a ningún control ni aduana – y la invulnerabilidad del espacio Schengen quedaba así comprometida. Las embarcaciones que los transportaron los dejaron en las playas de Getares, Punta Carnero y La Línea. Su objetivo: el Centro de Internamiento de Extranjeros de Botafuegos, en Algeciras.

Andalucía no tiene competencia en materia de fronteras y sus atribuciones migratorias están limitadas a la integración social. La ocupación de Ceuta le afecta de forma indirecta pero expresa: tiene la obligación legal de acoger a los menores de edad que hayan cruzado ilegalmente la frontera y a los refugiados que soliciten asilo. Por ley, no pueden ser repatriados.

Este compromiso tiene consecuencias políticas. El pacto entre PP y Vox surgido tras las elecciones del 17 – M colisiona con esta obligación legal. A la falta de recursos y a la saturación de los servicios sociales para atender a los inmigrantes se suma pues la beligerancia de los ultramontanos –que ya son parte del gobierno autonómico– con la inmigración. España no puede devolver a Marruecos ni a los menores ni a los asilados. Parte de ellos, como ya sucedió en la última crisis en Canarias, acabarán en Andalucía.

¿Cuántos? Todavía no se sabe. Cuando haya que discutir cómo reubicar a estas personas el nuevo gobierno andaluz se enfrentará a su primera crisis interna. El PP no ha discutido hasta ahora la obligación de acogerlos. Vox, en cambio, se niega en redondo e introdujo una cláusula al respecto en el pacto de gobierno PP – Vox, donde se rechaza expresamente la asistencia a los menores inmigrantes y a los adultos en situación irregular.

Moreno Bonilla tuvo que rubricar este acuerdo para lograr la investidura. Por tanto, ha aceptado oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo o sistema de reparto de inmigrantes”. En virtud de lo acordado con Vox, el PP no puede ampliar las plazas de los centros de internamiento, crear nuevos alojamientos especiales, ni financiar con cargo a los presupuestos de la Junta la atención a estos inmigrantes.

Andalucía tiene asignadas, según la legislación, una cuota de 3.009 plazas para acoger a los menores sin familia. Es la más alta de España. La red autonómica actual –645 plazas– está casi al límite. De modo que el PP tendrá que elegir entre cumplir la ley que le obliga a habilitar más plazas en los centros de internamiento o incumplir su acuerdo político con Vox.

Esta segunda opción abocaría al Quirinale a un conflicto abierto con su único socio un mes después de estrenar la legislatura. Una situación inédita que pone en serio peligro la aprobación de los presupuestos regionales y compromete la duración del mandato de las dos derechas en Andalucía. Ceuta puede volver a dejar a Moreno Bonilla sin mayoría parlamentaria