La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas ha interpuesto una solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal de Instancia de Madrid. En su escrito, la plataforma denuncia que el Ayuntamiento —a través de las entidades que gestionan sus centros de emergencia— está desalojando a familias en extrema vulnerabilidad sin aplicar el procedimiento administrativo correspondiente ni respetar su derecho a la tutela judicial efectiva.

El recurso, al que ha tenido acceso Público, sostiene que la Administración está privando a estas familias de su único alojamiento mediante simples comunicaciones de “cese de estancia”, sin emitir una resolución administrativa motivada. “Al no seguirse un procedimiento con las garantías legales requeridas, estas personas quedan desprotegidas y sin acceso a una tutela judicial efectiva”, denuncian desde la plataforma a preguntas de Público.

Según explican desde la PAH, las personas afectadas se enteran de que tienen que abandonar las instalaciones a través de la empresa privada que las gestiona y, en ocasiones, lo único que reciben es un papel con la fecha de salida. Es esta entidad la que decide los plazos, insisten, “sin que haya opción de presentar un recurso ni conocer los motivos de la pérdida de esta ayuda”, concebida para situaciones de emergencia habitacional. “No se identifica el órgano competente, no se les permite el acceso a su propio expediente y no se les ofrece una alternativa habitacional antes de dejarles en la calle”, subrayan.

La solicitud de medidas cautelarísimas, presentada el pasado jueves, ha conseguido paralizar temporalmente la expulsión de una familia con dos menores a su cargo y un miembro con una discapacidad reconocida. Habían ingresado en el centro Las Caracolas el pasado 2 de junio y tendrían que haberse ido este jueves 6 de agosto.

De acuerdo a lo que se recoge en este texto legal, en estos dos meses no se ha ofrecido a la familia una alternativa habitacional “concreta, adecuada y disponible en la fecha de salida”. Tampoco consta la oferta de un alojamiento municipal alternativo, un recurso equivalente ni la derivación a otros servicios de emergencia. Del mismo modo, se denuncia que no existe una valoración individualizada que justifique el cese de la ayuda ni se ha permitido a los afectados acceder a su expediente. En concreto, insisten en que no se les ha facilitado copia del historial social, los informes de seguimiento, la evaluación de vulnerabilidad, la propuesta de baja ni la valoración de los menores.

“Hemos ganado tiempo, que es muy importante. Se ha abierto una vía para evitar que el centro decida unilateralmente cuándo se van a la calle sin opción a defenderse. Ahora tendremos que ver cómo evoluciona el proceso”, señalan desde la PAH. La plataforma remarca que las principales víctimas de esta situación son familias sin recursos con menores a su cargo: “Cuando se les echa de Las Caracolas, lo siguiente es la calle. Si llamas al Samur Social pidiendo ayuda y ven que ya has estado allí, te responden que no pueden hacer nada más”.

Público ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y la empresa encargada de la gestión del centro de emergencia temporal para conocer su versión. En el momento en el que se publica este artículo no ha conseguido obtener respuesta.