Los ministros de Interior de la UE han cerrado este martes su videoconferencia extraordinaria con una declaración de «firme solidaridad» con el Gobierno español tras la crisis de Ceuta. Los Veintisiete han valorado la «rápida» actuación de las autoridades españolas y acordado reforzar la «detección temprana y la prevención ante este tipo de situaciones», según el comunicado difundido por el Consejo europeo.

El respaldo, sin embargo, llega tras días de tensión en el seno de la UE. La misma reunión la habían pedido por vías opuestas Pedro Sánchez y otros 22 líderes. El presidente español denunciaba la reacción «asimétrica» de varios socios. Esos ejecutivos, encabezados por la italiana Giorgia Meloni y la danesa Mette Frederiksen, firmaban en cambio una carta que atribuía la crisis a las propias políticas migratorias de Madrid y reclamaba una respuesta más dura contra la «migración irregular», en sintonía con la agenda que hegemoniza la extrema derecha en esta materia.

Meloni reclamó incluso la suspensión del Estado español del espacio Schengen, secundada por la finlandesa Mari Rantanen y por Dinamarca, y su Gobierno restableció los controles en las fronteras aéreas y marítimas con el Estado español. La amenaza, sin embargo, carecía de recorrido jurídico, teniendo en cuenta que los tratados europeos no contemplan expulsar ni suspender a ningún socio de Schengen, como recordó la propia Comisión, y desde Ceuta y Melilla no hay paso a la Península sin control de identidad.

Frente al bloque de los 22, solo el Estado francés, Portugal, Irlanda y Luxemburgo se negaron a firmar la carta contra Madrid. Este martes, sin embargo, la reunión ha vuelto a dejar una lectura común. El ministro irlandés y conservador Jim O’Callaghan, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria, ha resumido que las fronteras exteriores son una «responsabilidad compartida» que exige una respuesta europea unida. Se han sumado también los cuatro Estados asociados a Schengen ajenos a la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Además, los ministros han apuntado que la comunicación en momentos de crisis «podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera».

Del papel de Marruecos, en cambio, apenas se ha hablado, y cuando ha salido a colación ha sido para agradecer su colaboración, centrando la crítica en las mafias. Ningún socio mencionó que Rabat pudo alentar los cruces, con decenas de ahogados de por medio, como palanca de presión sobre Madrid tras el acercamiento de Sánchez a Argel tras años de tensiones políticas. La UE ha preferido cuidar su relación con el país al que ha ido subcontratando la vigilancia de la frontera sur, una lógica que atraviesa el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo y que explica duro tono inicial de Urusula Von der Leyen, que luego ha ido matizando.

Por si quedaba alguna duda sobre de qué lado juega Washington, estos días reafirmaba su respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sáhara y elogiaba a Rabat como socio estratégico. Trump ya había aprovechado Truth Social para atribuir la «invasión» de Ceuta a las políticas de la izquierda, y su Departamento de Estado deslizó que, con un presidente como él, el Estado español no tendría este problema. Son gestos que apuntan a una agenda reaccionaria de alcance global, orientada a desgastar al Ejecutivo de Sánchez.

Comparecencia de Marlaska

Despuñes de la reunión extraordinaria, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa y asegurado que ya han regresado a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta la semana pasada y ha añadido que se estudiarán el resto de los casos para que sean devueltos quienes no tengan derecho a permanecer en el Estado español.

Interior instaló el sábado una barrera flotante frente al Tarajal y prevé colocar otra en Melilla. La sentencia del Supremo del 29 de junio prohíbe las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado, pero deja la puerta abierta si existe una barrera física en el agua. El dispositivo permite reanudar esas devoluciones sin contravenir al tribunal.

Sí se ha detenido, en cambio, en un punto que no deja en buen lugar a los servicios de inteligencia. Así, Marlaska ha reconocido que ni el CNI ni ningún otro servicio, español o extranjero, advirtió de que decenas de miles de personas se disponían a cruzar a nado la frontera del Tarajal. Los únicos avisos apuntaban a un repunte de cruces, habitual en verano, que esta vez podía verse «fomentado» por la sentencia del Supremo.

Detrás del balance diplomático quedan las cifras que casi nadie ha puesto sobre la mesa en Bruselas. La Delegación del Gobierno español en Ceuta ha elevado a 75 las personas quemurieron en el cruce, según la Delegación del Gobierno, y entre las casi 70.000 que entraron había 7.000 menores. La inmensa mayoría fue devuelta a Marruecos a un ritmo que hizo imposible cualquier procedimiento individual de identificación, asistencia legal o atención sanitaria.