La Delegación del Gobierno español en la CAV remitía el martes a los medios de comunicación una nota firmada por la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, con membrete del Ministerio de Interior, en la que anunciaba que «la Policía Nacional detiene en Bilbao a dos hombres como presuntos autores de un delito de odio, además de desórdenes públicos y lesiones a un joven en la final del Mundial».

Más o menos una hora y cuarto después, el consejero de Seguridad de Lakua, Bingen Zupiria, comparecía junto a otros miembros del Ejecutivo en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, para anunciar relevos en la cúpula de la Ertzaintza. Al ser cuestionado en el turno de preguntas por esos arrestos, Zupiria, en una respuesta que traía preparada, denunció que estas detenciones de la Policía española eran «una actuación que está por encima de sus funciones».

Recordó el consejero la delimitación de competencias que se recoge en el Estatuto de Autonomía y en los acuerdos posteriores firmados por los Gobiernos español y de Lakua.

Sin embargo, la delegada del Ejecutivo español en la CAV, Marisol Garmendia, respondió que la actuación policial se ajustó plenamente a la legalidad y explicó que, al tratarse de un presunto delito de odio, la competencia no corresponde de forma exclusiva a la Ertzaintza, por lo que los agentes actuaron dentro de las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico.

El caso podía haber quedado como un mero descuido del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), como cuando alguna vez la Ertzaintza sobrepasó sus límites en una «persecución en caliente»; pero ahora no parece que nadie esté dispuesto a dar marcha atrás.

RECUERDO DE LOS CHOQUES DE 1989 Y 1990.
Desde que en las negociaciones del Estatuto de Autonomía de 1979 se redactó el artículo 17, que fija la distribución de tareas entre las FSE y la Ertzaintza, tuvo que pasar una década para que el 13 de marzo de 1989 se alcanzara un acuerdo en el seno de la Junta de Seguridad que reunía a ambos Gobiernos. Y los choques todavía se extendieron varios meses hasta que se fue implementando lo pactado. También entonces el PSOE gobernaba en Madrid y en Lakua había una coalición de PNV y PSE.

Según lo firmado, la responsabilidad total en materia de orden público le corresponde a la Ertzaintza, salvo situaciones excepcionales que no se han dado estos días. En cuanto al catálogo de casos encargados a las FSE, no figuran los «delitos de odio», a los que apela la delegada, porque ni siquiera se contemplaban.

PERO LA EUFORIA EMOCIONAL, PATRIOTERA Y POLÍTICA
que se ha dado en torno a la selección española de fútbol parece haberse extendido a quienes deberían obedecer a sus superiores institucionales. Según informaba ayer “El Correo”, «lejos de dar un paso a un lado tras las quejas del consejero de Seguridad y dejar las investigaciones en manos de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil continuarán con las pesquisas para identificar y poner a disposición judicial a los responsables de las agresiones que sufrieron aficionados de La Roja en Bilbao el día de la final del Mundial. Así lo aseguran fuentes de ambos cuerpos a este periódico, que de hecho auguran un ‘goteo de nuevas detenciones’».

Cuando hasta un reconocido catedrático de Derecho Constitucional cercano al PSE admitía en una entrevista radiofónica que desde el punto de vista competencial el consejero tiene razón, se ve que hay mandos de las FSE con espíritu de reconquista de territorios perdidos.

ZUPIRIA HABLÓ AYER DE QUE HAY «PODERES DEL ESTADO QUE ESTÁN POR ENCIMA DEL PARTIDO QUE GOBIERNA EN MADRID»
y no quiso entrar a responder a las graves acusaciones que sindicatos policiales españoles han lanzado contra él, llegando a decir que prefiere defender a los «cachorros de ETA».

En medio de la ola ultraderechista cada vez más amplia, hay también una tendencia parda en los sindicatos policiales, que adoptan posiciones de insumisión a los poderes políticos y que pretenden tener las manos libres para actuar como les venga en gana, incluso al margen de la propia legalidad, lo que resulta especialmente preocupante.

Pero Bingen Zupiria tiene también continuos ejemplos de ello dentro de la propia Euskal Polizia, y demasiadas veces en lugar de combatir esas actitudes ha acabado dándoles lo que le pedían.

Habrá que ver qué respuesta ofrece el ministro Fernando Grande-Marlaska a la queja de Zupiria. Si se cumple lo que dicen los acuerdos firmados por las partes o se acaban imponiendo los deseos de los mandos de las FSE.