En las semanas posteriores al estallido de la guerra civil en Sudán, a mediados de abril de 2023, se podía ver fácilmente a grupos de sudaneses que acababan de huir de la violencia en su país por Asuán, la ciudad más grande del sur de Egipto y la más cercana a la frontera. En los callejones junto a la estación del tren, en paradas de autobús alrededor de la ciudad o en algunos hostales y cafés, muchos valoraban, aún en shock, qué hacer a continuación.

Más de tres años después, la estampa en Asuán es, y se ve, distinta. El conflicto en Sudán, que ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo, no se ha detenido, ni tampoco lo han hecho los refugiados que llegan a la ciudad. La cifra ahora es menor, según una fuente diplomática sudanesa, pero la principal diferencia, notan cuatro refugiados y un activista local, es que el flujo ha sido empujado hacia los márgenes, donde resulta menos visible.

El fuerte recorte de fondos por parte de los grandes donantes internacionales para apoyar a quienes han huido de la guerra y unas políticas cada vez más hostiles de los países de acogida están dejando a la mayoría de los refugiados de Sudán cada vez más desprotegidos, especialmente en zonas periféricas. En Asuán, este desamparo se ve agravado porque, pese a no recibir ayuda, muchos sudaneses se quedan porque no disponen ni de medios ni de seguridad para llegar a zonas más convenientes.

Si tienes dinero, pasas; si no, no
Refugiado sudanés
“Asuán es la puerta de entrada de Egipto [para quienes proceden de Sudán], así que aquí es donde las organizaciones humanitarias tendrían que estar más presentes”, expresa una refugiada sudanesa residente en la ciudad que, como el resto que ha aceptado hablar con EL PAÍS, prefiere que no se publique su nombre por seguridad. “Vinimos en busca de estabilidad, educación y salud”, señala una segunda refugiada sudanesa, pero “no encontramos nada”.

Desamparo legal
Cuando empezó la guerra en Sudán, Egipto solo exigía visado de entrada a los sudaneses varones de entre 16 y 50 años, pero en apenas un mes y medio hizo extensiva la norma a todos los ciudadanos del país, muchos de los cuales han tenido que pagar cientos o miles de dólares a intermediarios para obtener una autorización de seguridad para poder entrar.

Estas barreras han forzado a muchos sudaneses a tener que recurrir a rutas de contrabando que cruzan la frontera egipcia por el desierto. Los hospitales de la provincia de Asuán han registrado decenas de muertes de refugiados, la mayoría por insolación, según la diputada Reham Abdel Nabi, pero se desconoce el número de fallecidos en el trayecto. Los sudaneses en Asuán que han hablado con este medio alertan de que tomar esa ruta les expone a ser detenidos y deportados, y en ocasiones a ser robados o secuestrados para extorsionar a las familias. “No es una ruta de contrabando, sino de la muerte”, desliza la primera refugiada.

Asuán es la puerta de entrada de Egipto [para quienes han huido de Sudán], así que aquí es donde las organizaciones humanitarias tendrían que estar más presentes
Refugiada sudanesa en Asuán
El cónsul de Sudán en Asuán, Abdelqader Abdalah, asegura que existe una gran movilidad entre los sudaneses en las provincias meridionales de Egipto, pero estima que hay alrededor de 10.000 familias sudanesas en el sur del país.

Uno de los principales desafíos que se encuentran quienes han entrado en Egipto de forma irregular es que en Asuán, que suele ser la primera ciudad a la que llegan, no hay ninguna oficina del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) donde puedan registrarse, ya que Egipto nunca le ha concedido el permiso para abrir una oficina en esta localidad, según una fuente que conoce la cuestión.

Esto deja a muchos sudaneses en una grave situación de desprotección legal y les obliga a viajar 1.000 kilómetros más hasta El Cairo o Alejandría si quieren registrarse. Dado que aún permanecen en el país ilegalmente y se arriesgan a ser arrestados, muchos salen de Asuán en coche, se desplazan más al norte y completan el viaje en tren, donde a menudo tienen que pagar sobornos, según los sudaneses entrevistados. “Si tienes dinero, pasas; si no, no”, resume un tercer refugiado. El resultado: muchos ya no se mueven de la ciudad.

Una agencia de viajes en Asuán que ofrece rutas de autobús a Sudán, el 12 de julio
Marc Español
Para quienes entraron en Egipto con visado de turista, mantener la residencia también es un desafío. Uno de los mayores escollos, según la segunda refugiada, es que necesitan un contrato de alquiler que a menudo los propietarios se niegan a gestionar. Además, sin residencia en vigor no pueden legalizar ningún contrato. Y si su residencia ha expirado y el alquiler no está legalizado, tampoco la pueden renovar en Asuán, sino que deben ir hasta El Cairo.

Desprotección material
Pese a que muchos refugiados sudaneses también optan por quedarse en Asuán porque es más barato que El Cairo o Alejandría, lamentan que es habitual que les cobren alquileres más caros que a los ciudadanos egipcios, lo que acaba llevando a las familias a tener que compartir piso y a instalarse en zonas alrededor de Asuán todavía más aisladas.

“Una solución podría ser fijar un límite máximo de alquiler que los propietarios no puedan superar si no quieren enfrentarse a consecuencias legales”, sugiere la segunda refugiada, que en Sudán ejercía como abogada. “[La idea] es proteger a los refugiados que huyen de una guerra y se enfrentan a problemas de explotación en el mercado del alquiler”, asegura.

Queremos servicios y que sea fácil [acceder a ellos], no que al final necesitemos enchufe para cualquier cosa
Refugiada sudanesa
Otro gran desafío para las familias con hijos es mantenerlos escolarizados, ya que para acceder a la escuela pública necesitan estar registrados con Acnur y tener permiso de residencia. De lo contrario, solo pueden acudir a centros educativos privados, que no están registrados como escuelas y que muchos no se pueden permitir. En Asuán, además, había solo nueve, según un activista egipcio que trabaja de cerca con la comunidad sudanesa.

Un hombre en galabeya habla por teléfono en el paseo marítimo de Asuán, frente al río Nilo, el pasado 12 de julio.
Marc Español
El tercer refugiado sudanés, que ya estaba en Egipto cuando empezó la guerra y decidió quedarse, cuenta que el primer año pudo llevar a la escuela a sus hijos, de 10 y 11 años, pero que desde entonces no puede seguir cubriendo todos los gastos, que pueden ascender a unos 450 euros al año. “Hace tres cursos que no van”, explica, pero “no hay alternativa”.

El 25 julio, además, el gobernador de Asuán, Amr Lashin, decretó la clausura de todas las entidades educativas sudanesas sin licencia con el pretexto de “proteger” a los estudiantes y garantizar que reciban “servicios acreditados”, según una nota de prensa. Para muchos, sin embargo, se trataba de la última opción para ofrecer una mínima educación a sus hijos.

Aunque los servicios a refugiados sudaneses se están recortando en todas partes por falta de fondos, la mayoría de los que se siguen ofreciendo en Egipto se concentran en El Cairo y Alejandría, donde las grandes organizaciones humanitarias centralizan sus actividades. “Queremos servicios y que sea fácil [acceder a ellos], no que al final necesitemos enchufe para cualquier cosa”, pide una cuarta refugiada, una madre de dos hijas menores.

Los refugiados de Sudán consultados y el activista egipcio también afirman que el cónsul sudanés en Asuán centraliza en exceso gestiones que afectan a la comunidad y sostienen que eso causa sensación de arbitrariedad, desprotección y falta de transparencia. Abdalah defiende que desde el consulado no distribuyen ayuda, sino que se limitan a coordinarla.

Pese a estos desafíos, ninguno de los sudaneses que ha hablado con EL PAÍS contempla irse voluntariamente de Egipto. En un café de Asuán, la cuarta refugiada mostraba un vídeo en el móvil de un bombardeo reciente en su ciudad natal de la región sudanesa de Darfur en el que se podían apreciar varios cadáveres esparcidos por la calle. “¿Adónde tenemos que ir?”, preguntaba, con indignación. “¿Debería volver allí? ¿Con mis hijas?”.