La Audiencia Nacional ha pedido a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que aclare si alguna de sus unidades en Ceuta recibió durante los días anteriores algún aviso que pudiera alertar de la avalancha humana que llevó a 72.000 personas a cruzar la frontera desde Marruecos.

La magistrada María Tardón, al frente de la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal Central de Instancia, ha acordado esta diligencia dentro de las actuaciones abiertas por un posible delito contra la paz y la independencia del Estado tras la denuncia presentada por Iustitia Europa, a la que luego se ha unido Hazte Oír. Las denuncias de ambas organizaciones apuntan a un movimiento geoestratégico de presión orquestado por Rabat y no a una estricta crisis migratoria como sostiene el Gobierno.

La providencia, fechada el 4 de agosto, se refiere especialmente a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de ciudadanos procedentes de territorio marroquí entraron irregularmente en la ciudad autónoma. Tardón ordena que se informe de si «se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil» alguna información previa que hubiera podido advertir de lo que iba a ocurrir.

La petición judicial entra de lleno en uno de los principales focos de polémica política tras la crisis: si los servicios de información alertaron al Gobierno de que se preparaba una movilización masiva hacia Ceuta y si las señales disponibles fueron correctamente valoradas.

El ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, negó el martes de forma tajante que el Centro Nacional de Inteligencia hubiera anticipado una avalancha de esas dimensiones. «No hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar», aseguró. El titular de Interior defendió además su confianza en el CNI y sostuvo que tampoco se había advertido de un episodio comparable al de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron la frontera ceutí en apenas 48 horas.

El alcance de esa negativa resulta ahora especialmente relevante. Según ha publicado este periódico, antes de la entrada masiva hubo una veintena de avisos y señales de distinta naturaleza sobre el incremento de la presión migratoria. También existían desde la pasada primavera advertencias genéricas de los servicios de información sobre el riesgo de que Marruecos volviera a utilizar la inmigración como instrumento de presión o de guerra híbrida contra España.

Ahora, la Audiencia Nacional pretende determinar precisamente qué información llegó a las unidades desplegadas en Ceuta, cuándo se recibió, cuál era su grado de concreción y qué medidas se adoptaron a partir de ella.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende orgánicamente el CNI, salió el lunes en defensa de los servicios secretos. «El trabajo realizado por todos los servicios de inteligencia españoles ha sido excepcional», afirmó, en respuesta a las críticas por una supuesta falta de previsión.

Marlaska ha atribuido la avalancha a la actuación de las mafias y a la situación creada después de que una sentencia del Tribunal Supremo limitara el rechazo inmediato de los migrantes que llegaban a nado si no habían superado antes un elemento físico de contención fronteriza. El ministro también ha destacado la cooperación posterior de Marruecos.

Según el balance ofrecido por el propio titular de Interior, unas 72.000 personas accedieron a Ceuta y 70.000 habían sido devueltas o habían regresado a territorio marroquí. Las autoridades continuaban tramitando la situación de las aproximadamente 2.000 que permanecían en la ciudad.

La crisis dejó además al menos 77 cadáveres recuperados del mar desde la avalancha. El Instituto de Medicina Legal conserva 79 cuerpos en la morgue provisional instalada en el antiguo Hospital Militar, aunque dos de ellos fueron encontrados antes de la entrada masiva: uno el 29 de julio y otro durante la mañana del día 30.

Solo dos de los fallecidos han podido ser identificados provisionalmente porque sus huellas dactilares estaban registradas en España. Para poner nombre al resto será necesario cotejar los datos con Marruecos y comparar las muestras genéticas obtenidas durante las autopsias con las de sus familiares.

La jueza Tardón también ha requerido a la Guardia Civil un informe completo sobre el dispositivo desplegado durante la emergencia. Reclama detalles de las operaciones de rescate realizadas en aguas territoriales españolas, las circunstancias personales conocidas de las víctimas, la causa y la fecha de las muertes y la identidad y localización de los supervivientes.