La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Vox de ordenar el despliegue del Ejército y de buques de la Armada en la frontera de Ceuta después de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. La magistrada María Tardón considera que estas medidas son ajenas al objeto de la investigación penal y quedan fuera de las competencias de cualquier juez de instrucción.

La resolución, dictada este miércoles, incorpora a la causa tanto la denuncia presentada por Vox como la querella formulada por la asociación Hazte Oír. Ambas se acumularán a las diligencias previas abiertas inicialmente tras la denuncia de Iustitia Europa por un posible delito contra la paz y la independencia del Estado.

La instructora distingue, sin embargo, entre la admisión de esos escritos y las medidas reclamadas por el partido. Vox solicitó con carácter «urgente y perentorio» el despliegue militar en la frontera española al amparo de la Ley de Defensa Nacional, el envío de medios navales de la Armada para realizar labores de salvamento y control marítimo y la identificación de las personas que habían entrado irregularmente en la ciudad.

Tardón rechaza de plano las tres peticiones porque, según explica, son «ajenas al objeto y contenido del procedimiento penal» y tampoco corresponden a la competencia de ningún órgano judicial de instrucción, incluido el Tribunal Central de Instancia.

La providencia no entra todavía a examinar el fondo de las denuncias ni determina si la Audiencia Nacional es competente para investigar lo ocurrido. La magistrada esperará a recibir los informes solicitados a la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional —UCRIF Central— y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Solo después de analizar esa documentación resolverá si los hechos presentan un encaje penal que corresponda a la Audiencia Nacional. Hasta ese momento tampoco adoptará otras medidas cautelares destinadas a asegurar el procedimiento.

La causa se abrió para esclarecer las circunstancias de la entrada irregular de 72.000 personas desde territorio marroquí, según el balance ofrecido por el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska. El titular de Interior aseguró que unas 70.000 habían sido devueltas a Marruecos o habían regresado por sus propios medios.

La crisis dejó además 77 cadáveres recuperados del mar desde la avalancha. El Instituto de Medicina Legal había recibido un total de 79 cuerpos, aunque dos de ellos aparecieron antes de la entrada masiva del 30 de julio.

Dentro de las primeras diligencias, Tardón ya había pedido a la Guardia Civil que detallara el dispositivo desplegado en Ceuta, especialmente las operaciones de rescate desarrolladas en aguas españolas. La jueza reclamó también información sobre las circunstancias de los fallecidos, la posible causa y fecha de sus muertes y los datos de identificación y localización de los supervivientes.

La magistrada ordenó además que la Jefatura de Información aclarase si alguna unidad de la Guardia Civil destinada en Ceuta había recibido durante los días anteriores datos que pudieran alertar de la entrada masiva.

Esa petición afecta a uno de los principales puntos de controversia surgidos tras la crisis. Marlaska ha negado que existiera «ningún informe» del Centro Nacional de Inteligencia que avisara de una avalancha de esa magnitud. Este periódico ha informado, sin embargo, de una veintena de señales y avisos previos, además de advertencias genéricas formuladas desde la primavera sobre el riesgo de que Marruecos volviera a utilizar la presión migratoria contra España.

La resolución conocida ahora no se pronuncia sobre la existencia o el alcance de esas alertas. Tampoco atribuye responsabilidades políticas, policiales o militares. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación preliminar para conocer qué ocurrió, qué información recibieron las fuerzas de seguridad y si los hechos deben ser investigados por este tribunal.

Lo que sí descarta desde este momento es asumir funciones operativas sobre la frontera. La decisión de movilizar al Ejército o desplegar a la Armada, subraya la jueza, no puede ser adoptada dentro de unas diligencias penales ni corresponde a un magistrado instructor.